El Supremo avala las reuniones del PSE-EE con Batasuna
El Tribunal Supremo (TS) estimó este jueves que no hay obstáculo a los contactos entre los partidos políticos y la ilegalizada Batasuna, en referencia a la entrevista del pasado 6 de julio entre dirigentes del PSE-EE y Arnaldo Otegi, mientras no haya una “orden expresa” que prohíba los encuentros.
La sala de lo penal del Alto Tribunal se pronuncia así en un auto notificado este jueves en el que acuerda no admitir a trámite la querella que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y contra los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares, por la reunión que éstos últimos mantuvieron con Otegi. El Supremo dice que “vendría a ser un fraude constitucional” que alguien pretendiese “corregir la dirección de la política interior o exterior” que la Constitución encomienda al Gobierno democráticamente legitimado, y que sería “impropio” pensar que los tribunales controlan la acción del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado sometiendo a enjuiciamiento penal a sus titulares.
Manos Limpias, cuyo secretario general es el ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, Miguel Bernard, se querelló contra Rodríguez Zapatero, Blanco, López y Ares por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar por considerar que la reunión que mantuvieron los socialistas vascos con Otegi supuso una “quiebra del Estado de Derecho” y una vulneración de la Ley de Partidos. El TS considera que “sin orden expresa, no puede existir negativa abierta a su cumplimiento”, lo que, a su juicio, ocurre en este caso, en el que, señala, hay “ausencia de conducta delictiva”.
El auto del Supremo destaca que “los tribunales españoles pueden ser llamados a controlar la acción del Gobierno”, aunque precisa que ésta es “una función específicamente atribuida a las Cortes Generales” y añade que la Carta Magna atribuye a los primeros “el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa”. No obstante, subraya que este control no difiere de la “función genérica de juzgar que, bajo la inspiración del principio de igualdad de todos ante la ley, tiene atribuida el orden jurisdiccional penal en el ámbito de su específica competencia”.
“En todo caso, el ejercicio del control judicial sobre la actuación de los otros poderes del Estado -y concretamente sobre la actuación del Ejecutivo- nunca podrá realizarse haciendo abstracción de la primacía que tiene el principio democrático en el sistema constitucional”, agrega el auto, que precisa que esta prioridad se manifiesta en la Constitución. A tenor de ésta, señala, “son las Cortes Generales, que representan al pueblo español, las que 'controlan la acción del Gobierno'”.
El Tribunal Supremo concluye que los datos que ofrece el querellante en su escrito “no son susceptibles de incardinarse” en los mencionados delitos, por lo que procede a no admitir la querella y a archivar las actuaciones.
Reacciones políticas
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acogió con “respeto absoluto” el auto del Supremo, si bien opinó que con este pronunciamiento, “se ha abierto un camino”. De la Vega opinó que los efectos que esta resolución pueda tener en la decisión del PP de querellarse los “van a fijar los propios tribunales”, pero insistió en el camino marcado por el Supremo: “Es el que se va a seguir, el que ha abierto el mismo Tribunal Supremo”.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, también dijo respetar la decisión del Supremo, pero insistió en que el Gobierno no debe pactar con ETA ni pagar un precio político por el final de la violencia. Rajoy, en un acto en Las Palmas de Gran Canaria, remarcó que el diálogo político con los terroristas es “un suicidio y además, algo absolutamente ineficaz”.
“No se pueden tender cortinas de humo. Aquí lo importante no es una resolución que haga un tribunal en un determinado momento. Lo importante es que el Gobierno de España no haga una negociación política ni pague un precio político con una organización terrorista”, señaló el líder del PP.
El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, uno de los afectados por la querella, se mostró satisfecho con el auto dictado y afirmó que éste debería hacer rectificar la “actitud carroñera” del PP y su actitud de “acoso y derribo al Gobierno y al PSOE”. Contra el PP también arremetió el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, quien manifestó que el fallo del Supremo supone una desautorización para este partido y evidencia su pretensión de “obstaculizar” el proceso de paz y la tarea del Gobierno de acabar con ETA.
La Presidencia del Gobierno Vasco infirió que el pronunciamiento del Tribunal Supremo es “una prueba más del sinsentido” que tiene el haber encausado al lehendakari, Juan José Ibarretxe, por haberse reunido también con Batasuna en abril de este año. A juicio del Gobierno vasco, el auto pone de manifiesto que las decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de imputar a Ibarretxe “están tomadas por otro tipo de motivaciones ajenas al derecho”.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, calificó de “muy razonable” la resolución conocida hoy y aseguró compartirla “plenamente”. Ezker Batua también la definió de “buena noticia” y pidió al TSJPV que archive las actuaciones abiertas contra el lehendakari.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en cambio, puso el acento en el comentario de Fernández de la Vega de que el pronunciamiento del Supremo “ha abierto un camino”. La AVT instó al Gobierno a hacer público “qué camino” es al que se refiere.
