Zarrías afirma que “nunca nadie” le informó sobre alguna ilegalidad en relación al fondo de ayudas sociolaborales
Afirma que la decisión política de poner en marcha este programa era “correcta” pero “alguien ha podido hacer un uso ilegal”
SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha afirmado este miércoles que “nunca nadie” ni de manera individual ni colectiva le hizo saber que el procedimiento por el que se gestionaba el fondo 31L tuviera visos de ilegalidad, al tiempo que ha señalado que de haberlo sabido “hubiera puesto en marcha los mecanismos existentes para reconducir la situación”.
En la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza, el que fuera consejero de Presidencia entre 1996 y 2009 ha destacado que “nunca nadie cuestionó lo que se hizo, es más se pedía más y nadie en ningún momento comentó en esta Cámara, donde hubo centenares de debates, lo que se estaba haciendo”.
De esta manera, ha asegurado que la decisión política del Gobierno en una situación de crisis económica fue “correcta” para poner en marcha estas ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas, pero, si bien, “alguien ha podido hacer un uso ilegal del procedimiento” y si eso era así que “caiga sobre él todo el peso de la Ley”.
Asimismo, Zarrías ha señalado que desconocía el convenio marco que regulaba este procedimiento, aunque “sí sabía que había una partida presupuestaria y que la Consejería de Empleo era la encargada de abordar estas cuestiones”. “No sabía si era un convenio o cualquier fórmula jurídica”, ha subrayado.
De igual manera, el que fuera alto cargo andaluz ha apuntado que este convenio “no se vio ni se aprobó en la comisión general de viceconsejeros --'consejillos'-- ni por el Consejo de Gobierno”.
“SE DECIDIÓ NO MIRAR PARA OTRO LADO”
Tras realizar un recorrido sobre su acción política durante el periodo 2001 y 2010, en su primera intervención de algo más de diez minutos, Zarrías ha respondido las preguntas de los tres grupos.
Así, a preguntas de la portavoz de IULV-CA Alba Doblas, ha apuntado que en el periodo que se analiza surgieron una serie de problemas que afectaban a sectores estratégicos, territorios amplios y centenares de trabajadores, por lo que la “decisión política fue correcta”.
“Se decide no mirar hacia otro lado, los gobiernos en los que yo he formado parte no han sido sordos ni ciegos, han escuchado al Parlamento y a los diferentes interlocutores y pusieron en marcha el mecanismo para un objetivo, ayudar a trabajadores y empresas”, ha subrayado. En este sentido, ha apuntado que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico era la competente en la materialización de estas medidas.
Al hilo de esto, Doblas le ha cuestionado sobre en qué momento se decidió cambiar el criterio y “pasar de ayudar a empresas con centenares de trabajadores a empresas que, en algunos casos, no se llegaron a materializar”. En este punto, Zarrías ha dicho no tener “ni la más remota idea” y ha recordado que el procedimiento dependía de la Consejería de Empleo.
Preguntado sobre si no llamaron la atención en los llamados 'consejillos' las continuas modificaciones presupuestarias del fondo 31L, Zarrías se ha mostrado “convencido” de que cualquier modificación tenía los informes correspondientes con la Ley de Hacienda, además de asegurar que esos incrementos se “planteaban en el Parlamento”.
Además, más adelante ha señalado, en respuesta al PP-A, que nunca lo comentó con el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán porque “las modificaciones de crédito que llegaban al Consejo de Gobierno llevaban informes vinculantes, preceptivos, que no tenían tacha de ilegalidad”.
Sobre este asunto, Zarrías también ha defendido que “conociendo la integridad de Chaves y Griñán no le cabe la menor duda de que esta situación se trata de un comportamiento individual deleznable de confirmarse en el proceso judicial abierto”.
“MI RELACIÓN CON GUERRERO ERA INEXISTENTE”
Zarrías también ha señalado que era interlocutor para que la Consejería correspondiente pudiera abordar la solución del problema, pero ha negado que estuviera en ninguna reunión de carácter técnico para analizar las situaciones de las empresas.
Asimismo, ha negado que haya despachado asuntos con la Dirección General de otra Consejería porque “cuando había alguna reunión de coordinación era con los consejeros o viceconsejeros”. En este punto ha insistido, además, en que su relación personal con el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero era “inexistente”
Preguntado sobre su relación con el exsindicalista y conseguidor Juan Lanzas, el exconsejero ha señalado que lo conocía por ser secretario general de la Federación de Alimentación de UGT-A, si bien ha asegurado que “aparte de esto, se acaba mi relación y hace cuatro o cinco años que no he tenido ninguna con él”. No obstante, ha indicado que de confirmarse lo publicado sobre Lanzas se trata de un comportamiento “deleznable”.
CONOCIÓ EL CONVENIO POR LOS MEDIOS
Por su parte, el portavoz del PSOE-A Enrique Javier Benítez ha profundizado sobre la información que tenía Zarrías sobre el convenio marco que sustentaba el fondo de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas. El exconsejero tras explicar qué asuntos se elevan al Consejo de Gobierno ha asegurado que “los convenios no se aprobaban en el 'consejillo' y que ni el consejo ni el 'consejillo' vieron ni aprobaron ese convenio”. Es más, ha afirmado que ha tenido conocimiento del mismo “cuando se ha conocido la situación en los medios”.
A preguntas del portavoz del PP-A Carlos Rojas sobre el sustento normativo del procedimiento para otorgar estas ayudas, Zarrías ha dicho desconocerlo. “Desconocía el convenio, aunque sí sabía perfectamente que había partidas con esta finalidad. No era un tema de mi competencia y desconocía la articulación del procedimiento”, ha subrayado.
Cuestionado sobre por qué no preguntó sobre este procedimiento, el exconsejero ha aludido a que existen “unos cien procedimientos en la Junta y, hasta que esto no surgió, éste era uno más”. Asimismo, ha dicho que desconocía que estas ayudas no se publicaran en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y “en ningún momento nadie, ni empresa ni grupo parlamentario, lo puso de manifiesto”.
Por último, ya en el último turno, Zarrías ha defendido la legalidad del programa de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas y ha señalado que “si ha habido un uso ilegal del mismo, que la Justicia caiga sobre él”.
Además, ha criticado la consideración del PP-A de “causa general contra el PSOE” en esta comisión de investigación, donde el objetivo era “gobernar Andalucía” y, tras las últimas elecciones que “los andaluces frustraron” este objetivo, se trata de “dinamitar el gobierno de coalición que dirige Andalucía”. Así, ha terminado diciendo que “en política no vale todo” y “ustedes ya son mayorcitos”.
