Cuando la Administración llega tarde, la multa llega a tiempo

Hace unos días un policía me multó por aparcar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida.

Le enseñé el justificante de la solicitud de renovación de mi tarjeta. Le mostré el mensaje que acredita que el expediente está en trámite. Le expliqué que había presentado todo correctamente y que llevo meses esperando respuesta de la Administración.

El agente me escuchó, me comprendió y aun así me multó. Me indicó, además, que debía presentar un pliego de alegaciones a través de la sede electrónica del Ayuntamiento correspondiente para recurrir la sanción.

No le culpo. Estaba aplicando la normativa.

Pero cuando volví a casa solo podía pensar en una pregunta muy simple: ¿cómo es posible que una persona pueda ser sancionada por un retraso que no ha provocado?

No ha sido un caso aislado. Ya he recibido otra multa en circunstancias similares mientras sigo esperando la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Mi tarjeta caducó el 18 de enero de este año. Antes de esa fecha seguí el procedimiento establecido: presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, aportando la documentación requerida. Todo en tiempo y forma.

Desde entonces, sigo esperando.

En marzo recibí un mensaje informándome de que el expediente había comenzado a tramitarse. Después de eso, silencio.

Mientras tanto, la vida no se detiene. Hay que acudir a citas médicas, hacer gestiones, comprar, desplazarse. En definitiva, seguir con la rutina diaria.

Y ahí aparece el problema, porque, aunque la tarjeta ha caducado, la necesidad que la justifica sigue exactamente igual.

Lo que cambia no es la situación de la persona, sino su exposición a sanciones por una demora administrativa que no controla.

Durante este tiempo he tenido que recurrir las multas, aportar documentación y demostrar algo que ya estaba acreditado: que la renovación está solicitada y en trámite.

Es decir, además de esperar meses una respuesta, tengo que invertir tiempo y energía en corregir las consecuencias de esa espera.

Pero hay una parte del problema que me preocupa aún más.

Yo puedo defenderme. Puedo presentar alegaciones por vía telemática, guardar justificantes y hacer seguimiento del expediente. No todo el mundo puede.

¿Qué ocurre con una persona mayor que no maneja herramientas digitales? ¿Qué ocurre con alguien que depende de terceros para cualquier trámite? ¿Qué ocurre con quien recibe una sanción lejos de su domicilio y no tiene facilidad para desplazarse a reclamar?

Estas situaciones no son excepcionales. Son reales.

A menudo hablamos de accesibilidad en términos de infraestructuras: rampas, ascensores, transporte adaptado. Pero hay otra barrera menos visible e igual de importante: la burocrática.

Una administración inaccesible no es solo la que impide el acceso físico, sino también la que convierte un derecho reconocido en un proceso incierto, lento y desigual.

En algunos casos, los expedientes parecen avanzar cuando la persona afectada acude presencialmente a insistir. Si eso es así, la pregunta es evidente: ¿para qué sirve entonces la vía electrónica si no garantiza el mismo trato?

No se trata de pedir privilegios ni de cuestionar a los agentes que aplican la normativa que tienen que cumplir.

Se trata de algo mucho más básico: coherencia administrativa.

Si una persona cumple con todos los requisitos y presenta su solicitud en tiempo y forma, la Administración debería responder en un plazo razonable. Y mientras no lo hace, no debería generar situaciones que derivan en sanciones para quien no tiene ninguna responsabilidad en la demora.

Hoy me encuentro con una situación difícil de explicar en términos de lógica: una tarjeta caducada, un expediente en trámite y dos multas por el camino.

Pero el problema de fondo no es la multa.

Es la incertidumbre.

Salir de casa sin saber si puedes ser sancionado por un retraso ajeno no es una situación aceptable para nadie, y menos aún para una persona con movilidad reducida.

Porque al final, la cuestión es muy simple: la tarjeta puede caducar. La discapacidad no