¿Dónde están nuestras líneas rojas?

Hay personas que hoy, en Canarias, siguen esperando años para que la Administración les reconozca oficialmente una discapacidad. Mientras esperan, la vida no se detiene. Las oportunidades, tampoco.

No porque estén pidiendo un privilegio. Ni porque quieran vivir de una ayuda pública.

Muchas de ellas simplemente quieren trabajar. Quieren estudiar. Quieren construir un proyecto de vida como cualquier otra persona. Pero mientras ese reconocimiento no llega, tampoco llegan determinados apoyos, adaptaciones o derechos que la ley les reconoce.

Lo más triste es que, cuando por fin reciben la resolución, muchas veces no sienten alegría. Sienten alivio. Y un derecho nunca debería llegar tan tarde como para convertirse únicamente en un alivio.

Conozco esa espera demasiado bien. No la cuento por teoría. La cuento porque también he aprendido lo que significa que un derecho llegue tarde.

Pensaba en todo esto mientras escuchaba estas semanas que el Partido Popular de Tenerife no establece líneas rojas para alcanzar acuerdos con Vox si las urnas así lo permiten.

No cuestiono el derecho de ningún partido a buscar mayorías. Eso forma parte de la democracia. La pregunta que me hago es otra: ¿cuáles son las líneas rojas de una sociedad?

Lo pregunto porque pertenezco a uno de esos colectivos que sabe perfectamente que los derechos nunca fueron un regalo.

Las personas con discapacidad fuimos de las últimas en incorporarnos plenamente a la igualdad de oportunidades. Hubo que luchar para que la accesibilidad dejara de entenderse como una concesión. Para que estudiar en igualdad de condiciones dejara de parecer una excepción. Para que trabajar dependiera del talento y no de una limitación. Para que la dependencia dejara de ser caridad y pasara a ser un derecho.

Nada de eso apareció por casualidad.

Fue el resultado de décadas de esfuerzo de miles de familias, asociaciones y personas que entendieron que una sociedad solo progresa cuando nadie se queda atrás.

Por eso me cuesta escuchar que determinadas políticas sociales se presenten como un lujo o como una carga. Porque cuando uno ha tenido que pelear por derechos tan básicos aprende que ninguno está garantizado para siempre.

No me preocupan las siglas. Me preocupan las ideas. Porque las siglas cambian. Las ideas permanecen. Y las ideas, tarde o temprano, acaban convirtiéndose en leyes. O en la ausencia de ellas.

Me preocupa cualquier idea que cuestione políticas que han permitido avanzar a quienes históricamente han tenido más difícil ejercer sus derechos.

Me preocupa que, en una tierra especialmente vulnerable como Canarias, se minimicen desafíos como el cambio climático o se planteen transformaciones profundas de nuestro territorio sin un debate sereno.

Y me preocupa, sobre todo, cualquier planteamiento que termine debilitando el Estado del bienestar.

Porque el Estado del bienestar no existe para hacer más cómoda la vida de quien ya puede resolverlo todo por sí solo.

Existe para sostener a quien, en algún momento de su vida, necesita que la sociedad no le dé la espalda.

Los derechos sociales nunca son un privilegio para quien los necesita.

Son la diferencia entre poder construir un proyecto de vida o pasar años esperando a que una administración, una resolución o una ayuda decidan cuándo puedes empezar a vivirlo.

Quien nunca ha necesitado una prestación de dependencia, una adaptación en su puesto de trabajo o el reconocimiento de una discapacidad puede llegar a pensar que todo esto son simplemente políticas públicas.

No lo son. Son vidas. Son padres que viven con el miedo de qué ocurrirá con su hijo cuando ellos ya no estén.

Son jóvenes que quieren trabajar y no pueden acceder a determinadas oportunidades porque la Administración todavía no ha reconocido oficialmente una realidad que condiciona cada uno de sus días.

Son personas mayores que fallecen antes de que llegue la ayuda que la ley les prometía.

Por eso los derechos sociales nunca son un privilegio. Son la diferencia entre vivir con autonomía o depender siempre de la buena voluntad de los demás.

Siempre me ha llamado la atención que haya quien considere un exceso proteger a quienes todavía ni siquiera están siendo protegidos.

Quizá ese sea el verdadero debate. No si tenemos demasiados derechos. Sino por qué seguimos llegando tarde a garantizarlos.

No escribo estas líneas para decirle a nadie a quién debe votar. Cada ciudadano debe decidirlo libremente. Pero sí creo que todos tenemos la obligación de preguntarnos qué ideas estamos dispuestos a normalizar y cuáles deberían seguir siendo una línea roja.

Porque las líneas rojas no existen únicamente para facilitar o impedir pactos. Existen para recordarnos aquello que una sociedad nunca debería estar dispuesta a negociar.

Los derechos no se hicieron para quienes nunca los necesitarán. Se hicieron para protegernos el día en que la vida deje de preguntarnos si estamos preparados.

Mientras discutimos sobre pactos, estrategias y mayorías, hay personas que siguen esperando una resolución que la ley decía que debía llegar hace meses.

Ellas no necesitan discursos. Necesitan que el Estado funcione. Necesitan que la igualdad de oportunidades deje de ser una promesa. Necesitan que sus derechos lleguen a tiempo.

Las líneas rojas no deberían depender de un partido ni de una legislatura. Deberían empezar siempre en el mismo lugar: donde una sociedad deja de proteger a quienes más la necesitan.

Porque una democracia no demuestra su grandeza únicamente por la facilidad con la que forma gobiernos. La demuestra, sobre todo, por la firmeza con la que protege la dignidad de las personas más vulnerables.

Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Las legislaturas terminan.

Pero una sociedad que deja de proteger a quienes más la necesitan termina perdiendo mucho más que un debate político. Termina perdiéndose a sí misma.