Los técnicos de la Administración no deciden, ni resuelven
Cuántas veces se ha trasladado a la ciudadanía que determinadas decisiones adoptadas por altos cargos, especialmente aquellas que terminan siendo objeto de investigación judicial, se basaban en informes técnicos y en propuestas formuladas por funcionarios, como si esa circunstancia bastara para explicar o incluso justificar la actuación del órgano que finalmente resolvió.
Ese planteamiento no solo simplifica el funcionamiento de la Administración, sino que proyecta una imagen profundamente equivocada sobre el papel de los empleados públicos.
Los técnicos de la Administración no deciden. Los funcionarios instruyen los procedimientos, elaboran informes cuando son preceptivos o les son solicitados, analizan la normativa aplicable y, en su caso, formulan propuestas de resolución. Esas son sus funciones. Sin embargo, ni los informes ni las propuestas de resolución producen por sí mismos efectos jurídicos.
Conviene distinguir conceptos que con demasiada frecuencia se confunden, a veces de forma interesada.
El informe es un acto de asesoramiento. Puede ser técnico, jurídico o de cualquier otra naturaleza. Incluso cuando es preceptivo, ello no significa —salvo que una norma establezca expresamente lo contrario— que sea vinculante. Es decir, puede ser obligatorio solicitarlo, pero su contenido no desplaza la potestad de decisión del órgano competente.
Solo cuando el ordenamiento atribuye a un informe carácter preceptivo y vinculante puede afirmarse que la capacidad decisoria queda condicionada o que estamos ante una “potestad decisoria enmascarada” (D. Laguna de Paz). Pero ni siquiera en ese supuesto desaparece la competencia para resolver: el órgano competente sigue siendo quien dicta el acto administrativo, aunque deba hacerlo respetando el contenido vinculante del informe.
Por otra parte, la propuesta de resolución integra los antecedentes del expediente, los informes emitidos y la fundamentación jurídica necesaria para orientar una decisión concreta. Pero sigue siendo exactamente eso: una propuesta.
La propuesta no decide. Quien decide es el órgano competente, mediante la resolución administrativa. Pudiendo asumir íntegramente la propuesta, solicitar nuevos informes, devolver el expediente para completar su instrucción o, cuando el ordenamiento jurídico lo permita y exista motivación suficiente, apartarse de la propuesta formulada.
Y ello responde a un principio básico de nuestro Derecho administrativo: la competencia es irrenunciable. Así lo establece el artículo 8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al disponer que la competencia se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los supuestos de delegación o avocación legalmente previstos. Quien ostenta la competencia para resolver no puede descargar esa responsabilidad en los informes o propuestas elaborados durante la instrucción del procedimiento.
La decisión, por tanto, nunca deja de ser del órgano competente, el alto cargo. Precisamente su competencia consiste en resolver, no en ratificar automáticamente el trabajo realizado por otros. Por ello resulta preocupante presentar a un director general, un consejero o cualquier otro alto cargo como un mero firmante de documentos elaborados por los técnicos. Esa explicación no responde ni al diseño del procedimiento administrativo ni a la distribución legal de competencias.
Pero existe un efecto aún más preocupante. Al insistir en que lo resuelto obedecía a informes técnicos y propuestas de resolución, se desplaza implícitamente el foco hacia quienes participaron en la instrucción del expediente. Sin afirmarlo expresamente, se transmite la idea de que la responsabilidad podría residir en el trabajo de los funcionarios, cuando estos se limitan a ejercer las funciones que el ordenamiento jurídico les atribuye y actúan bajo la dirección de sus superiores, sin perjuicio del deber de no cumplir órdenes manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico y acudir a la inspección de servicios.
Así, al insistir en que lo resuelto obedecía a informes técnicos y propuestas de resolución, el relato que se proyecta a la ciudadanía termina convirtiéndose en una forma sutil de trasladar un halo de culpabilidad sobre quienes carecen de competencia para resolver y producir efectos jurídicos.
La presunción de inocencia debe respetarse siempre, también respecto de cualquier alto cargo investigado. Pero defender ese principio no exige desdibujar el funcionamiento de la Administración ni convertir a los técnicos en el escudo argumental de decisiones políticas o administrativas.
El Derecho administrativo distribuye las funciones precisamente para distribuir también las responsabilidades.
- Los técnicos informan.
- Los instructores proponen.
- Los órganos competentes resuelven.
Y quien resuelve no puede eludir la responsabilidad inherente a la competencia que la ley le ha confiado.
Si se sostiene que el alto cargo se limitó a firmar, el problema ya no radica en los funcionarios que informaron o propusieron, sino en haber atribuido la potestad de resolver a quien no disponía de los conocimientos para comprender el contenido jurídico o técnico de lo que se le sometía a decisión, y por tanto no reunía la capacidad necesaria para ejercer la competencia con el rigor que el cargo exige.
Porque la competencia para resolver no es un privilegio ni un mero trámite; es el ejercicio de la potestad de terminación del procedimiento mediante el cual la Administración expresa su voluntad.
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