Artiles asesoró a la Consejería de Sanidad en otros concursos
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Fernando Bañolas, ha admitido este jueves que el abogado y empresario del sector sanitario Javier Artiles participó en el “informe y asesoramiento” a la Consejería “en la valoración de algunos concursos y creación de las bases”.
En declaraciones al programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, Bañolas aseguró no obstante que le consta que Artiles “no participó” en el concurso de hemodiálisis adjudicado en la etapa del Partido Popular, que se llevó Lifeblood y que este miércoles anulaba la Consejería.
Mientras que otros “creen que es bueno” contar con “profesionales externos” para estos temas, Fernando Bañolas se mostró partidario de emplear al personal de la Administración, y sólo recurrir al externo “en contadas ocasiones”.
Asimismo, Fernando Bañolas dijo que no prevé el cese de la secretaria general del Servicio Canario de la Salud, Lourdes Quesada. Y del ex director Guillermo Martinón (nombrado al igual que Quesada por el Partido Popular), explicó simplemente que aceptó la dimisión que presentó “por motivos personales”.
Respecto a las causas económicas esgrimidas por la Consejería de Sanidad para suspender el concurso, aseguró Bañolas que sólo cuando lo hubieron revisado concluyeron que había que mejorar las bases. Y además de dar más importancia al aspecto económico, piensan “valorar mucho la experiencia” de la empresa adjudicataria.
Concurso de oncología
“Creo firmemente en la Sanidad pública”, expuso Bañolas, pero el del hemodiálisis “es uno de los servicios que habitualmente se externalizan” por su complejidad.
Explicó además que “está en marcha” un proceso de privatización en la oncología, con un concurso para la concesión de un centro radioterápico anexo al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria. Dicho concurso, si bien todavía no se ha resuelto, está siguiendo los “trámites habituales”.
Cabe recordar respecto a este otro concurso que Intersindical Canaria ya denunció en abril de 2010 la intención de adjudicar a una empresa privada de la construcción y gestión de la unidad radioterápica anexa al Materno-Infantil por 194,4 millones de euros. “Significa descapitalizar la Sanidad pública y ceder a la empresa privada la construcción, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la propia obra”, afirmó entonces el responsable del área de Salud de IC, Bernardo Medina.
