Un informe ocultado por la Audiencia de Cuentas dio por probadas las irregularidades en Santa Brígida
La trama de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Santa Brígida no sólo se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que este martes ordenó la detención de dos ex alcaldes y un ex concejal de Urbanismo del PP, así como de tres técnicos municipales.
La denuncia original que dio pie al caso Brisan fue remitida en octubre de 2004 por la concejal de CC, Victoria Casas, a la Audiencia de Cuentas de Canarias. Y ésta emitió un informe demoledor, que daba por probados presuntos hechos delictivos como la condonación de impuestos a la UTE que construía el centro comercial en la Villa; la relación fraudulenta del Ayuntamiento con la ferretería del entonces concejal de Urbanismo, Luis Troya; la relación de dependencia del Consistorio con las empresas de uno de sus ex alcaldes, Carmelo Vega; o el hecho de que el propio Carmelo Vega cobrase del ayuntamiento aunque a requerimiento judicial la Corporación dijese lo contrario, entre otras muchas irregularidades que también afectan a pagos del anterior alcalde, Antonio Díaz.
Lo cierto es que los casos investigados por el número 1 de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria están relacionados con su homólogo del número 4, que instruye el asunto concerniente al centro comercial y la condonación de más de 600.000 euros a la UTE constructora. Y el caso ha saltado también a Santa Cruz de Tenerife, donde el Juzgado número 4 de Instrucción lleva el presunto delito cometido por todo el plenario de la Audiencia de Cuentas de no haber remitido a la Fiscalía Anticorrupción el informe de sus técnicos, que así lo aconsejaban, ante sus evidentes conclusiones.
En este sentido, uno de los técnicos que realizaron el informe, el actual consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, confirmaba a este diario que el pasado día 9 prestó declaración como testigo en el juzgado tinerfeño que lleva el caso de la vista gorda hecha por el presidente y todo el pleno de la Audiencia ante las recomendaciones de los técnicos de remitir el informe a la Fiscalía.
Ibarra expresó este martes su “vergüenza ante un órgano que detectó indicios de delito y no actuó, quiso dejar pasar el caso como en el asunto de Amorós, pero esta vez la Fiscalía ha actuado y las detenciones de la Guardia Civil son la prueba palpable”.
El ex técnico de la Audiencia de Cuentas apuntó que “la Guardia Civil y Anticorrupción pidieron información adicional a la Audiencia y ésta mintió, pero los investigadores consiguieron por su cuenta el acta donde los técnicos observamos indicios de delito en Santa Brígida y han podido actuar, por eso espero que esta vez el juez ponga en su sitio a la Audiencia, un órgano autonómico dependiente de un Gobierno que reclama tanta y más autonomía pero lo que hace, cuando suceden estos casos, es dirigirse a Madrid y remitir el caso al Tribunal de Cuentas del Estado sin actuar de oficio en Canarias”.
Escuchas, seguimientos y ardua investigación a raíz del informe
Según ha podido saber CANARIAS AHORA, la decisión judicial de ordenar a la Guardia Civil las detenciones de este martes no se basan exclusivamente en el informe ocultado por la Audiencia de Cuentas a la Fiscalía Anticorrupción. A raíz de éste, la profunda investigación llevada a cabo dentro de la Operación Brisan ha contado con escuchas y seguimientos de los implicados, así como de la requisa de abundante documentación, en el registro efectuado el pasado 20 de junio en la Casa Consistorial satauteña.
El hecho de que la propia Guardia Civil haya advertido que no se ha cerrado la operación y que no se descartan nuevas detenciones apuntan a que la investigación derive no sólo en las detenciones de políticos y funcionarios del ayuntamiento, sino también de empresarios que se han beneficiado de esas presuntas actuaciones ilícitas y que figuran relacionados en el informe de la Audiencia.
