Berriel: ''La Ley de Costas no tiene futuro''
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró que la Ley de Costas, en vigor desde mayo, “no tiene más futuro que el tiempo que tarde el Tribunal Constitucional en anularla”.
“No hay un solo artículo que se vaya a salvar”, aseguró Berriel en una comparecencia en comisión en el Parlamento de Canarias, y recordó que el Gobierno de Canarias acordó recurrir al Tribunal Constitucional porque vulnera las competencias autonómicas, es de carácter retroactivo y vulnera el principio de igualdad, al excluir “de forma caprichosa” del dominio público unas zonas del litoral y no otras.
Para el consejero, la Ley de Costas de 2013 es en realidad “una modificación parcial y sesgada” de la de 1988 en la que se han salvado “ad hoc, sin motivación y por razones exclusivamente políticas y económicas” doce núcleos urbanos en las costas del Levante y Galicia construidos en los años setenta y ochenta del siglo XX.
Eso atenta contra el principio de igualdad, afirmó Berriel, puesto que en el caso de Canarias hay 96 núcleos costeros, en muchos casos tradicionales y con valores etnográficos, que no reciben el mismo tratamiento.
El consejero se mostró molesto porque se ha aprobado una Ley de Costas sin consultar ni tener en cuenta las opiniones de Canarias, cuyas islas abarcan el 20 por ciento del litoral español.
“No queremos una amnistía en la costa, pero la historia está para algo y cientos de años de ocupación tienen que ser respetados” con los oportunos condicionantes de sostenibilidad ambiental, planeamiento y urbanismo, dijo Domingo Berriel.
Supuestamente la Ley pretendía ser más laxa en cuanto a los núcleos de población, pero sólo ha resuelto doce casos puntuales y ha dificultado la situación de los demás, agregó.
La Ley de Costas vulnera el sistema de distribución competencial, la autonomía local y la seguridad jurídica, es retroactiva y se excluyen núcleos del dominio público marítimo terrestre de manera caprichosa, afirmó.
Según Berriel, la Ley de Costas es peor que la anterior regulación porque introduce más requerimientos y limitaciones para las excepciones en los núcleos de población.
Indicó que en el caso de Canarias, 34 municipios han remitido documentación sobre 96 núcleos costeros para que puedan ser incluidos como excepción en la aplicación de la Ley, para lo que la norma daba un plazo de tres meses.
Además, consideró “impropio” en una democracia que se dé facultades a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas para suspender acuerdos municipales que autoricen construcciones en la costa.
El diputado del PP Felipe Afonso defendió la Ley de Costas y afirmó que no ha declarado ilegal nada que no lo fuera antes, al tiempo que abre muchas vías para la legalización de núcleos de población costeros.
Afirmó que se elimina la inseguridad jurídica de los ciudadanos, que en muchos casos pordrán legalizar sus viviendas.
José Luis Perestelo, diputado del grupo nacionalista, dijo que debe haber entendimiento y diálogo con la administración del Estado para resolver el problema de los núcleos costeros canarios.
Pedro Martín, del grupo socialista, descalificó la Ley de Costas porque discrimina entre comunidades autónomas, sin respetar las peculiaridades canarias, y además favorece los intereses privados y no respeta las competencias autonómicas, por lo que la consideró inconstitucional.
