Bronca en el Parlamento de Canarias tras aceptar su presidenta repetir una votación por una confusión del PP

El Parlamento de Canarias ha vivido este miércoles una jornada de tensión en el pleno por una confusión del PP en una votación. Ocurrió tras el debate sobre el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda protegida para La Palma, en el que tanto Nueva Canarias como el PSOE han presentado varias enmiendas. La diputada Luz Reverón (PP) solicitó tras una de las votaciones que se permitiera repetirla por una “confusión”, dijo, con el texto que se le había pasado a su grupo.

“Las votaciones no se pueden repetir pero puede haber un error en un texto”, dijo la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, que se mostró dubitativa sobre cómo debía actuar. “Si ustedes plantean que los bloques que tienen son diferentes al de la Mesa porque nos hemos equivocado nosotros, por supuesto que procedemos a repetir la votación”, añadió.

“No es un error en el texto sino en los papeles que nos han pasado”, matizó Reverón, en medio de un revuelo en la Cámara en el que se escuchaba que “las votaciones no se podían repetir”. En ello hicieron hincapié los miembros de la Mesa, los socialistas Gustavo Matos y Patricia Hernández.

“Vamos a proceder a votar de nuevo, pero a partir de ahora no se va a volver a repetir ninguna votación”, dijo finalmente la presidenta del Parlamento, lo que encendió el debate en la sala. “O nos tranquilizamos o levanto la sesión y nos vamos”, insistía Astrid Pérez.

Reverón apuntó que desde su grupo no se pretendía generar “ningún tipo de discusión” y que realizaba esta solicitud porque, según dijo, recientemente el Grupo Parlamentario Nacionalista y el Grupo Parlamentario Socialista también pidieron repetir una votación y se permitió. “Ya hay un precedente”, defendió.

El diputado del PSOE Sebastián Franquis expresó que se había producido una “irregularidad en la votación anterior”. “Tenemos constancia de que el letrado le advirtió que no se debía repetir”, dijo, a lo que Astrid Pérez respondió: “El letrado no me ha dicho eso”.

Cabe recordar que el artículo 99.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias sí permite repetir una votación en caso de duda, y a petición inmediata de un Grupo Parlamentario. En tal caso, especifica el artículo “ningún miembro de la Cámara podrá salir o entrar del salón de plenos”.

El polémico decreto de La Palma

Durante la sesión de este miércoles en la que se vivieron esos momentos de tensión, se debatía sobre el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Esther González (NC) señaló que el objetivo debería ser que las familias puedan retornar a sus lugares de origen tras la tragedia por el volcán. Sin embargo, su grupo tiene muchas cuestiones que objetar sobre el contenido del decreto: “En el caso de Tazacorte sorprende que no aparezca ningún suelo de ese municipio cuando el Ayuntamiento cedió dos terrenos donde podrían incluir más de cien viviendas”, apuntó.

Otra cuestión que a Nueva Canarias le parece “impresentable” es el hecho que algunos suelos que figuran sean rústicos o de protección agraria y que se pretenda excluir la evaluación de impacto ambiental. También mencionó que con el decreto se pretenda dar solución habitacional a todas las familias palmeras pendientes de vivienda protegida, que no están afectadas por el volcán y en este punto el partido entiende que “no puede darse trato referente a los palmeros” que a los que esperan por estas viviendas en otras islas e insistió en que la prioridad debe ser aquellas personas afectadas por el volcán. Por ello, presentó ocho enmiendas “a fin de corregir estos excesos y que nada tienen que ver con dar solución habitacional a los afectados con el volcán”, resumió.

Por su parte, Manuel Jesús Abrante Brito (PSOE), remarcó que el decreto les “sigue generando dudas jurídicas”. “Me sorprende que hayan querido tramitarlo como proyecto de ley y no cuentan con los afectados ni grupos políticos, ni siquiera tratan de corregir advertencias del Consejo Consultivo”, dijo.

Según afirmó, hay motivos para que los palmeros y palmeras estén preocupados ya que hay artículos “que tienen visos de anticonstitucionalidad”. “Lo que prima es que no haya control jurídico y de planeamiento, lo que prima son otros intereses”, incidió.

“Entendemos fundamental la construcción de vivienda publica pero no las formas jurídicas con las que pretenden llevarlo a cabo y la falta de transparencia”, concluyó el diputado socialista.