Los cabildos avalan la nueva ley que los regirá y que elimina los límites a sus salarios

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, y la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, en una reunión de la Comisión General de Cabildos en el Parlamento de Canarias.

Europa Press

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Los siete cabildos canarios han avalado este miércoles en la Comisión General del Parlamento de Canarias la reforma de su ley, que se va a empezar a tramitar en la Cámara, pese a los reparos del Consejo Consultivo, que ha alertado de la inconstitucionalidad de quitar los límites salariales, y las dudas de Vox, único grupo que no sustenta la proposición de ley.

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha dicho que no se trata de una “reforma menor” sino de una “actualización necesaria y estratégica” para “modernizar la gestión, fortalecer el autogobierno insular y adaptarlo plenamente” al Estatuto de Autonomía, renovado en 2018.

“Se trata, por tanto, de consolidar los cabildos como instituciones claves en la vertebración de Canarias”, ha agregado.

En esa línea ha apuntado que la nueva ley “no altera para nada la esencia” de los cabildos e “impulsa la cooperación interinsular, introduce mecanismos de solidaridad y consolida una visión compartida de Canarias como archipiélago atlántico diverso en su identidad pero unido en sus desafíos”.

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha tildado de “necesaria” la nueva ley para adaptarla al Estatuto de Autonomía con el fin de hacer la administración insular “más eficiente” y aumentar la “seguridad jurídica”.

En su opinión, “no supone ni una ruptura del modelo local ni desnaturalización de los cabildos, supone más bien, el desarrollo del Estatuto de 2018, clarificación sistemática y un refuerzo institucional insular”.

Además cree que la reforma refuerza la dimensión autonómica “sin vaciar la autonomía local” y sitúa el debate central en el “encaje entre dos naturalezas jurídicas” no en las competencias, al tiempo que cree “subsanables” las observaciones del Consultivo.

Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y de la Fecai, ha dado por desfasado el informe del Consultivo ante la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, y los cabildos cuentan ahora con más competencias, no solo las transferidas.

Así, ha dicho que gracias a la nueva ley se permitirá incorporar profesionales técnicos al Consejo de Gobierno “sin las limitaciones actuales” y facilitar la movilidad de los funcionarios, algo clave para las islas no capitalinas.

El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ve “oportuno” el nuevo marco legal para dar respuesta a las nuevas necesidades de las corporaciones insulares una vez el Estatuto reconoció expresamente su carácter institucional en el archipiélago.

En ese sentido ha indicado que el trámite parlamentario va a permitir “mejorar los textos” en “diálogo” con los grupos parlamentarios para que el resultado final “sea sólido y aplicable”, remarcando que pese a los reparos del Consultivo, la ley no debe ser replanteada en su totalidad.

“La aprobación de esta ley, con las correcciones oportunas, permitirá dar estabilidad al sistema institucional canario y reforzar el papel de las islas dentro del autogobierno, no es una ley para una institución concreta, es una ley para mejorar el funcionamiento de Canarias en su conjunto”, ha detallado.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, ha insistido en el “carácter bifronte” de los cabildos de tal manera que ha descrito el informe del Consultivo como “alejado de la realidad”, pues el Tribunal Constitucional reconoce que esta doble naturaleza.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha dicho que la reforma de la ley de cabildos viene mandatada por el Estatuto de 2018, ha incidido en la naturaleza “bifronte” de las corporaciones locales y en que el texto “no va contra los habilitados nacionales” si bien tampoco quiere que se impongan “criterios corporativos”.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha ironizado con que esta reforma “no va a duplicar ninguna” ley y ha justificado su abstención en la toma de consideración en el temor al aumento del gasto pues “no suena bien” que se elimine la limitación retributiva o la contratación de personal temporal.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha tildado de “extemporánea” la visión del Consejo Consultivo una vez se aprobó el Estatuto de Autonomía en 2018 mientras que Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), resaltó que la ley es “vital” para consagrar a los cabildos como “gobiernos de la isla” en la realidad jurídica.

“Hoy los cabildos no son meras entidades locales, ejecutan políticas autonómicas, asumen competencias transferidas y delegadas y representan ordinariamente al Gobierno de Canarias en cada isla, son en la práctica la administración más cercana, la que mejor defiende el interés insular”, ha apuntado.

En cuanto al Consejo Consultivo, ha señalado que si “aprecia desajustes”, la “responsabilidad” de los grupos es “corregirlos durante el trámite parlamentario”.

Jesús Ramos (ASG) ha apuntado que los cabildos tienen un “problema de medios” para ejecutar sus competencias, no de duplicidad, y al igual que los representantes de los cabildos, entiende que hay que acometer la adaptación al Estatuto de Autonomía.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha mostrado su “respeto” al informe del Consultivo y se ha comprometido a “mejorar” algunos artículos, por ejemplo en lo relacionado a los habilitados nacionales. “Hay que darle una pensada”, ha señalado.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha dicho que la nueva ley refuerza la “doble condición” de los cabildos como administración local e instituciones de la comunidad autónoma y por ello ve necesario actualizar su “encaje” con el Estatuto.

Sobre el informe del Consultivo, que respeta, ha comentado que el que fue realmente “duro” fue el previo a la ley de 2015. “Sin embargo, ese dictamen fue superado, fue reconducido y tenemos una ley que ya lleva más de 10 años”, ha explicado.

Nayra Alemán, del Grupo Socialista, ha dicho que van a trabajar “de la mano” de los cabildos a modo de “aliados”, comprometiéndose a buscar la manera de corregir los artículos afectados por el Consultivo, como el de los habilitados nacionales.

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