Campos pide recuperar ya el dinero
El abogado Felipe Campos, que fue quien inició las denuncias en contra de las actividades que se estaban desarrollando en el Parque Marítimo de Santa Cruz, ha exigido al Ayuntamiento que cumpla la sentencia que obliga a los anteriores responsables de Santa Cruz Park Tenerife SL, Luis Gil, Álvaro Gil y Carlos Francisco Díaz, a pagar alrededor de un millón de euros por las rentas que se dejaron de abonar desde el mes de marzo de 2008 a principios de 2010 cuando los empresarios fueron desalojados por orden judicial.
El abogado indicó que el fallo es “plenamente ejecutable” aunque la sentencia no sea firme y que, por lo tanto, el Ayuntamiento está capacitado desde el punto de vista jurídico para exigir su abono o en caso contrario proceder al embargo de las propiedades de estos promotores. “Nadie puede dudar de que con la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento ese dinero le va a venir muy bien a las arcas municipales”.
Campos mostró su asombro ante el hecho de que el contenido del fallo que se emitió a finales del pasado año haya permanecido oculto hasta ahora, máxime “cuando estamos hablando de una magnífica noticia para la ciudad y que repito en este momento procesal es plenamente ejecutable, ya que el recurso que han presentado los empresarios ante el Supremo tiene improbables e inciertas posibilidades de prosperar”. El abogado espera que el alcalde, José Manuel Bermúdez y el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, exijan desde ahora mismo el cumplimiento del fallo y el reintegro de las cantidades.
Campos recuerda que el propio empresario, Luis Gil, quien siempre ha actuado como portavoz de Santa Cruz Park Tenerife SL, ha confesado al digital canarias3puntocero que quiere centrar sus negocios en Brasil y desprenderse de sus propiedades en la capital tinerfeña. “Ese además el rumor que está en la calle. Que el señor Gil está preparando su marcha de Canarias y que está vendiendo las propiedades que le quedan por aquí. Esa es otra razón de peso para que el Ayuntamiento tenga rapidez de reflejos y exija que se cobren ya esas deudas antes de que sea demasiado tarde y Gil se declare insolvente. Lo que no se entiende es como una magnífica noticia como ésta ha permanecido oculta hasta ahora”.
El abogado extrae de la sentencia otra conclusión. Y es que existió una connivencia y complicidad entre las instituciones para que el arrendatario pudiera llevar a cabo las fiestas con las que se pensaba hacer rentable la explotación del Parque Marítimo. “Hace tiempo que se demostró que desde las administraciones se permitió y dio cobertura a la realización de actividades ilegales y clandestinas. Lo que queda claro con esta sentencia es que el señor Gil no cumplió con sus obligaciones y que la culpa de que se hundiera su negocio no fue por la supuesta asfixia a la que le sometió el Ayuntamiento como se plasmó en la primera sentencia ahora anulada”.
Campos recuerda también que la Corporación local sigue manteniendo negocios “ilegales” como un restaurante de comida rápida y un túnel de lavado en el recinto pese a que el Plan Especial ha quedado anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). “Quedan ya pocas dudas de que este empresario siempre ha disfrutado de un trato preferente y de hecho se sabe que es amigo personal del alcalde”, dijo por último el abogado.
