El Club de Golf de Gran Canaria pide al Cabildo la reducción del canon anual
El Real Club de Golf de Las Palmas ha solicitado por escrito al Cabildo de Gran Canaria una reducción del canon anual que la entidad decana de España ha de abonar a la administración insular por el uso y disfrute de las instalaciones públicas de Bandama.
La sociedad privada presidida por Salvador Cuyás, que durante el mandato anterior de José Manuel Soria (PP) en el Cabildo grancanario vio ampliada la concesión administrativa de Bandama por otros 25 años, presentó en diciembre pasado un amplio informe económico para justificar la petición al Cabildo, y desde entonces no ha pagado el segundo semestre de 2010, a la espera de que la Consejería de Patrimonio resuelva el expediente abierto.
El club decano ha de abonar cada año al Cabildo de Gran Canaria unos 300.000 euros, según consta en el pliego de condiciones del concurso adjudicado por el gobierno insular del PP en julio de 2006, que provocó duras críticas desde las filas del PSOE, entonces en la oposición. La entonces consejera socialista Paquita Luengo llegó a denunciar el día de concesión que “Soria regala Bandama a sus amigos”.
Según han explicado este miércoles a CANARIAS AHORA fuentes de la Corporación, el Real Club de Golf de Las Palmas debe pagar ese canon anual a semestre vencido. La entidad privada cumplió con el plazo de junio de 2010. Sin embargo, tras la presentación del informe económico deficitario del club decano en diciembre pasado, hasta que Patrimonio no resuelva la solicitud no se le reclamará el abono de los 150.000 euros correspondientes al segundo semestre ya vencido. “Y va a resolver en breve”, añadieron las fuentes.
Hace casi cinco años, la renovación de la concesión otorgada en 1955 por Matías Vega Guerra provocó una fuerte polémica política. En declaraciones a este diario, tras la decisión de la Mesa de Contratación insular, Paquita Luengo afirmó: “Con este concurso José Manuel Soria traiciona el acuerdo plenario de Matías Vega Guerra de 1955”.
Luengo denunció que “mientras Matías Vega se preocupó de asegurar jurídicamente que los bienes que integran el actual campo de golf de Bandama pasaran automáticamente a la propiedad del Cabildo al final de la concesión -en diciembre de 2005-, y por tanto a todos los grancanarios, sin embargo Soria los regala una vez más a sus amigos como si el patrimonio insular fuera suyo”.
En 2006, la valoración de las propuestas presentadas al polémico concurso -Real Club de Golf y Gonsua, SA- no tuvo en cuenta que el club tuviera de su propiedad -segregada del Cabildo en 1955 por una cuestión de “economía procedimental”, según la consejera socialista- una Casa-Club.
Precisamente ahora, en 2011, fuentes consultadas por CANARIAS AHORA aseguran que la entidad ha invertido grandes cantidades de dinero en la mejora de esas instalaciones no pertenecientes al Cabildo, que son motivo, entre otros, de su déficit presupuestario alegado ante la Corporación, además de incumplir otras contraprestaciones, aparte del canon, exigidas en el pliego de condiciones.
En el anterior mandato, la consejera socialista Isabel Guerra, presente en la Mesa de Contratación, criticó que “eso [la no valoración de la Casa-Club en el informe técnico del concurso] debían haberlo sabido desde el principio quienes quisieran optar al concurso y no se presentaron por esa desventaja” con respecto al Real Club de Golf de Las Palmas.
El informe técnico firmado por Enrique de Vidania, ingeniero técnico del Servicio de Patrimonio, valoró con 49 sobre 50 puntos al Real Club de Golf de Las Palmas en el apartado de Plan Integral de Fomento de la práctica del golf, por los 12.19 puntos que recibió el otro aspirante, Gonsua, SA.
La otra aspirante presentó 120.000 euros más de canon
Esta concursante perdedora ganó 18 a 16 sobre 30 puntos posibles en el apartado de Oferta Económica, al presentar un canon anual de 420.000 euros por los 300.887 euros del Real Club de Golf, si bien el informe considera irreal ese canon ante la falta de rigor de la propuesta económica de Gonsua, SA, ponderando la presentada por el Real Club de Golf.
En cuanto a las Mejoras al Pliego de Condiciones Técnicas, sobre un total de 20 puntos, ningún concursante sumó en el concurso. En este apartado es donde el Real Club de Golf presentó como mejora la Casa-Club, que según el acuerdo plenario de 1955 al que hacían referencia los socialistas en 2006 debía ser devuelto al Cabildo de Gran Canaria al finalizar la concesión de 50 años, en diciembre de 2005.
Desde el gobierno insular de Soria se entendía que la Casa Club no es propiedad insular sino particular de la entidad de Bandama, al quedar segregada la parcela donde se construyó la Casa club en 1956, hecho que en el PSOE se interpretó como una medida de la época para ahorrar tiempo en el procedimiento burocrático de la compra de los terrenos de Bandama a su anterior propietario, por parte del Cabildo de Gran Canaria que presidía Vega Guerra, y su posterior concesión administrativa al Real Club de Golf de Las Palmas. Este aspecto fue el eje de la polémica PP-PSOE, ya que el gobierno de Soria insistía que la Casa Club no era pública sino del Club de Golf, a pesar del acuerdo plenario de 1955.
En este sentido, en el informe técnico se apuntó abiertamente que la Casa Club no puntúa “por no ser una cuestión técnica” -sobre 100 puntos, el Real Club de Golf consiguió 65 y Gonsua, 30.19, sin que influyeran en el resultado final los 20 puntos con que se valoraba este apartado-, sin poner en entredicho la titularidad privada del inmueble, no así “una casa de campo de 250 metros cuadrados que está dentro de los terrenos de la concesión, pero realmente no es de ellos ya que al estar dentro de los terrenos de propiedad insular, son del Cabildo, por lo que se puede admitir”.
Esta cuestión de estar “dentro de los terrenos” es lo que llevó al grupo de gobierno a entender que la Casa Club no es de su propiedad, al quedar segregada de la parcela principal por el Registro de la Propiedad en marzo de 1956, para ganar tiempo en todo el proceso de concesión administrativa del campo de golf. El PSOE defendía en 2006 que el documento válido era el acuerdo plenario del año anterior en que una de sus cláusulas recoge la devolución también de la Casa Club al patrimonio del Cabildo al cabo de 50 años, en diciembre de 2005.
