Comunicado del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias se ha ajustado absolutamente a la legalidad en la tramitacion del expediente turístico Anfi Tauro y está seguro de que las investigaciones judiciales sobre este caso exonerarán de toda responsabilidad a los miembros del Ejecutivo.
El Gobierno de Canarias ha tenido conocimiento de la existencia de una pieza judicial separada del llamado caso Góndola a través de los medios de comunicación y desconoce que tipo de sospechas han inducido al traslado de las investigaciones al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tal como han confirmado esta tarde a los medios de comunicación los servicios de prensa del propio TSJC, sin que mediara ninguna notificación precedente al Gobierno de Canarias, haciendo así objeto de la sospecha al propio presidente del Ejecutivo.
Según dichas fuentes, no se ha producido ningún tipo de imputación sino el traslado de las investigaciones al órgano judicial al que corresponde realizarlas. Cualquier especulación que se realice en estos momentos sobre el resultado incriminatorio de las mismas no tiene la más mínima consistencia.
La aparición de los nombres de Adán Martín, de su director de Gabinete, Salvador Iglesias, y de Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el transcurso de las averiguaciones pueden constituir meros indicios circunstanciales que, con seguridad, una vez investigados, demostrarán la absoluta legalidad y honestidad de las actuaciones del Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Canarias reitera las manifestaciones realizadas ya ayer [por este jueves] por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial cuando afirmó [a CANARIAS AHORA] que no se han recibido presiones de Santana Cazorla ni de nadie. El consejero recordó que cualquier administrado, sea o no empresario, tiene derecho a defender las tesis propuestas en sus solicitudes y a estar informados sobre la tramitación de las mismas.
En este sentido, es preciso recordar que el artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común reconoce en varios apartados el derecho de los administrados a conocer el estado de la tramitación de sus expedientes y a obtener información y orientación de los requisitos jurídicos o técnicos que se impongan a los proyectos o solicitudes que se propongan realizar.
El Gobierno desmiente rotundamente cualquier trato de favor al Sr. Santiago Santana Cazorla, a quien no ha negado información sobre el contenido del expediente Anfi Tauro, como determinan las leyes, sin que ello pueda considerarse una infracción, sino todo lo contrario.
En cualquier caso, es preciso recordar que la declaración de interés general sobre el proyecto turístico Anfi-Tauro no corresponde al Gobierno de Canarias, sino al Parlamento de Canarias.
Hace unos días se notificó al interesado la posición del Gobierno en relación a su expediente, concediéndosele un plazo de 10 días para que realice, si así lo considera, las alegaciones pertinentes. Posteriormente, continuará su tramitación como el resto de expedientes de declaración de interés general.
