Condenan a un funcionario por hacer DNI a cambio de videojuegos
El ex jefe de la Oficina de Expedición de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) situado en la calle Robayna de Santa Cruz, J.L.M.P. ha sido condenado por cohecho continuado a cinco años de cárcel y a 12 de inhabilitación para desempeñar su cargo de funcionario. La pena es firme después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificase una sentencia anterior de la Audiencia Provincial y saliera hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la pérdida de condición de funcionario.
En el primer fallo se demostró que el ex empleado público realizaba carnets de identidad a cambio de videojuegos para sus hijos, dinero o botes de perfumes. Fueron “decenas” las personas que pudieron de esta forma saltarse las largas colas que se forman en la comisaría para renovar el DNI y quienes ni siquiera necesitaban estampar físicamente sus huellas dactilares ya que el ex funcionario se limitaba a recoger las que estaban ya archivadas.
Una vez que la policía tuvo conocimientos de los hechos entró en el domicilio del ex funcionario y pudo comprobar que disponía de todo el material necesario para realizar documentos de identidad por valor de unos 160 euros. Los efectivos verificaron que a través de su compañera sentimental se puso de acuerdo con otro de los acusados para solucionarle los problemas que tenía con su residencia ya que había sido condenado a realizar trabajos comunitarios y debía cancelar sus antecedentes.
Así lo hizo el ex funcionario por lo que recibió 1.500 euros a cambio. Otra vez cobró 1.000 por gestionar la concesión de la residencia por arraigo a una de las acusadas y en otra percibió 100 euros por tramitar la recuperación de un pasaporte a un joven al que se le había retirado. La operación se realizó en la parada del tranvía de Cruz del Señor y fue visualizada por la policial judicial que ya estaba al tanto de estas operaciones y realizaba un seguimiento a las actividades del sospechoso.
Una vez más el ex funcionario procedió a expedir en la propia oficina un DNI a un ciudadano cubano pese a que no se encontraba en territorio español, procediendo a imitar su firma por lo que recibió otros 1.000 euros. Igualmente se comprobó que ayudó a una mujer que había extraviado la documentación en la oficina de extranjeros de la calle La Marina de Santa Cruz, recibiendo 800 euros por todo ello.
En otra ocasión se demostró que aprovechando que asistía con sus hijos al cumpleaños de uno de los acusados se llevó el sello de la oficina y compulsó en un centro comercial de La Laguna los DNI de éste, su esposa e hija con el fin de obtener una carta de invitación de su madre que se hallaba en Cuba. Por estas gestiones cobró en un caso 20 euros y más tarde otros 30. Por todo ello, se determinó que efectivamente se había incurrido en falsedad de documento oficial, de cohecho pasivo y activo aunque se descartó la malversación de caudales públicos. Durante el procedimiento judicial quedó acreditado que el ex empleado público expidió “gran cantidad de DNI sin la presencia de los interesados en las oficinas de la comisaría y sin verificar la autenticidad de las firmas plasmadas en el talón-foto utilizando para ello como argucia las huellas existente en el sistema”.
El acusado admitió que realizaba los documentos sin la presencia de los interesados pero dijo en su defensa que sólo en una ocasión falsificó la firma por lo que consideraba que no se había incurrido en ningún delito. Así citó por ejemplo que hay equipos que se desplazaban a los domicilios de las personas impedidas para realizar estas labores. También alegó “la enorme acumulación de trabajo” que se concentraba en la comisaría de la calle Robayna, argumento que rechaza el tribunal al considerar que atenta contra la obligación dar un trato igualitario a todos los ciudadanos.
El ex funcionario y su compañera justificaban el cobro de cantidades señalando que en Extranjería le exigían el pago de 500 euros tal y como se comprobó a través de la grabación de conversaciones telefónicas. En la sentencia se condena también a su novia y al ciudadano que falsificó la firma de su ex suegro que residía en Cuba a penas que oscilan entre los dos meses de multas en el primer caso y de seis de cárcel en el segundo, mientras que se imponían penas menores a otros de los involucrados en este asunto y se absolvían a los restantes.
