El Consejo Consultivo admite a trámite la consulta del Parlamento canario sobre la situación de la diputada tránsfuga Vidina Espino

El Consejo Consultivo de Canarias ha admitido a trámite la petición de la Mesa del Parlamento autonómico de un dictamen que aclare el contenido del artículo 27 del reglamento de la Cámara que impide trasladar al grupo de no adscritos a los diputados y diputadas que sean expulsados o abandonen voluntariamente su grupo parlamentario. Esta consulta se evacúa a raíz de lo sucedido con la diputada tránsfuga Vidina Espino Ramírez, que abandonó voluntariamente el partido político con el que concurrió a las elecciones, Ciudadanos, el pasado mes de julio, y que se aferra al Grupo Mixto de la Cámara para no perder derechos económicos y políticos. 

El paso que dio la diputada estaba concienzudamente estudiado porque el artículo 27 del reglamento de la Cámara obliga a que el grupo parlamentario expulse al diputado tránsfuga por mayoría absoluta, lo que en el caso concreto de la actual configuración del Grupo Mixto, resulta del todo imposible. Está formado por tan solo dos miembros, ella y el diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente, que continúa fiel a las siglas del partido y que ya ha presentado varios escritos a la Mesa de la Cámara reclamando que su excompañera sea declarada no adscrita para que abandone ese grupo. De momento, De la Puente comparte con Espino todas las prerrogativas del Grupo Mixto, incluso el control de las cuentas, para lo cual sus firmas son mancomunadas.

Pero, además, el apartado 3 del artículo 27 del reglamento del Parlamento canario exceptúa por completo a los diputados y diputadas del Grupo Mixto de la inscripción automática al grupo de no adscritos en el caso de expulsión del grupo del que formaban parte. De este modo se produciría un agravio comparativo con el resto de parlamentarios de fuerzas de más de tres diputados, como es el caso de Sandra Domínguez Hormiga, que abandonó voluntariamente el grupo de Nueva Canarias y que pasó inmediatamente a la condición de no adscrita.

El Consejo Consultivo deberá entrar a dilucidar cuál fue la intención del legislador a la hora de redactar un reglamento que hace estas salvaguardas con los parlamentarios del Grupo Mixto y si se trata de una excepción justa o discriminatoria. La diputada tránsfuga se ha revuelto contra la decisión de la Mesa de solicitar este dictámen al órgano jurídico asesor de la Comunidad Autónoma por considerar que se trataría de una prevaricación. En tal caso, ya habría incurrido en ella el mismísimo Consejo Consultivo al admitir a trámite la solicitud.