El Consultivo tumba por unanimidad la Ley de Participación Ciudadana

El Consejo Consultivo de Canarias ha propinado un duro revolcón a una de las iniciativas estrella del Gobierno de Paulino Rivero. El proyecto de Ley de Fomento de la Participación Ciudadana ha sido devuelto con severas advertencias de nulidad de derecho si no se atienden las indicaciones del órgano consultivo de las Islas.

“Contiene inventos bolivarianos muy propios de la organización chavista” y “pretende establecer instituciones en paralelo” son las opiniones más suaves que ha despertado el proyecto de ley entre los siete miembros del Consejo Consultivo de Canarias, que el día 26 de junio emitieron un durísimo y unánime dictamen contra la iniciativa creada en la Consejería de Presidencia, la que dirige José Miguel Ruano.

No es habitual que los siete consejeros del Consultivo se constituyan en ponencia colectiva, como han hecho para analizar esta ley del Gobierno de Paulino Rivero, uno de los proyectos que pretende ser el más emblemático de su mandato. Las ponencias colectivas se reservan exclusivamente para asuntos especialmente complejos, como parece que ha sido este proyecto de ley.

El dictamen, que hace días que tiene el Gobierno en su poder, concluye que deben corregirse numerosos aspectos del articulado para adecuarlo al ordenamiento jurídico español, porque de lo contrario, “el proyecto de ley sería contrario a Derecho”.

A lo largo de 48 folios, producto de dos sesiones del pleno del Consejo Consultivo de Canarias, los letrados se detienen a analizar una ley que consideran “llena de torpezas e imprecisiones”, que en casi todos sus artículos transmite la impresión de desconocerse lo que ha querido decir con ellos el legislador. “Una ley que no hay por donde cogerla desde el punto de vista jurídico”, dice otro de los consejeros consultados.

Entre otros aspectos llamativos de la Ley de Fomento de la Participación Ciudadana de Canaria, las fuentes consultadas han resaltado la implantación de un modelo de consultas ciudadanas, del tipo de las planteadas por el ex lehendakari Ibarretxe, sobre cuya inadecuación al ordenamiento jurídico ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo.

También ha sido objeto de crítica (incluso en la tramitación de la ley, con una dura alegación del Cabildo de Tenerife) el intento de la norma de Ruano de extender su alcance y su regulación a otras administraciones distintas a la autonómica, como los Cabildos y Ayuntamientos canarios, a los que se pretende obligar a crear comisiones de participación y otros órganos recogidos en la ley.

La norma criticada por el Consejo Consultivo también recoge la constitución de “jurados populares” constituidos por ciudadanos elegidos por sorteo, según el mismo modelo de la Ley del Jurado, pero naturalmente adjudicando a esos jurados unas funciones muy concretas.

Los expertos que han analizado la ley desde el punto de vista jurídico la descalifican por completo, no solamente por su construcción deslavazada y su poca consistencia, sino por pretender establecer mecanismos, organizaciones e instituciones que chocarían frontalmente con preceptos constitucionales.

“El mismo enunciado de la ley, que habla de fomentar la participación ciudadana, en lugar de facilitarla o permitirla, como mandata la constitución, ya es elocuente de lo que se persigue con ella”, según otro experto conocedor del proyecto de ley.

Todas las fuentes consultadas entienden que el proyecto de ley del Gobierno pretende un modelo de participación ciudadana “controlado desde el poder mediante la correspondiente política de subvenciones” y convirtiendo a los agentes sociales en “agentes al servicio del que mande en cada momento”.

Etiquetas
stats