El Estado da la razón al dueño de los terrenos de La Bufona
El Ministerio de Economía y Hacienda ha estimado el recurso presentado por el demandante del caso La Bufona, Gonzalo Murillo, y ha anulado la resolución de la Dirección Provincial del Catastro de enero de 2008 por la que los terrenos de Murillo en Arrecife se inscribían a nombre de otras personas. Ahora, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias le ha dado la razón.
Hay que recordar que sobre esta urbanización pesan varios procedimientos judiciales. Uno de ellos, de tipo penal, se sigue contra los promotores del mismo, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, por usurpación de terrenos y un delito contra la ordenación del territorio. También están imputados el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.
Murillo ha estado pagando entre 4.000 y 6.000 euros anuales de impuestos desde el año 2000 por sus terrenos cuando sobre ellos se habían edificado cerca de una veintena de viviendas, que, por otra parte, han estado omitidas de la base de datos del catastro.
Tras diez años pagando por esos terrenos, en enero de 2008 la Dirección Provincial del Catastro de Las Palmas emite una resolución por la que Murillo desaparece como propietario de los mismos y se pasa a inscribir a los dueños de las viviendas. Además de no pagar, algunas de estas viviendas presentan doble inmatriculación en el catastro e incluso dos escrituras en el Registro de la Propiedad, algo que es completamente anómalo.
Destitución
Tras la reclamación de Murillo, el gerente provincial del catastro fue destituido. Ahora el Ministerio admite que ese cambio de titularidad se hizo sin que hubiera procedimiento, es decir, que nadie lo solicitó y que no existe expediente. Tampoco se dio la oportunidad a Murillo de hacer alegaciones al cambio de titularidad ni se le comunicó previamente. En la resolución se señala que “la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”.
“En el caso presente -señala la resolución- aparecen indicios de la titularidad anterior del interesado y de la alteración catastral producida con cambio de descripción física y jurídica y con atribución de titularidad a nombre de un interesado distinto de quien venía figurando como tal y todo ello sin que se aporte la justificación de haber tenido lugar las actuaciones debidas”.
Plan anulado
Respecto a esta urbanización, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, que ha quedado fuera de ordenación. Además, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) aseguraba en un informe de septiembre de 2008 que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado ya que contaba con al superficie mínima de 50.000 metros cuadrados.
En dicho plan “se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar 24 viviendas unifamiliares aisladas, por lo que se han desvirtuado todos los parámetros urbanísticos de todo el sector”. Las licencias se otorgaron al amparo de los documentos urbanísticos en vigor (plan parcial y modificación del plan parcial) y esos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.
Según los certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. Además, algunas de ellas, entre las que se encuentra la del ex fiscal coordinador de Lanzarote, el notario otorgante de las escrituras y la actual presidenta del PP de Lanzarote, se encuentran parcialmente construidas sobre suelo rústico.
