El denunciante del Parque Marítimo pide el desahucio inmediato del arrendatario
Felipe Campos, abogado de la asociación de vecinos Cabo Llanos denunciante del caso Parque Marítimo, presentará este lunes sendos escritos ante la Autoridad Portuaria y la concesionaria del recinto público en suelo portuario, Parque Marítimo SA, para que se ejecute de inmediato el desahucio administrativo de la arrendataria del complejo César Manrique, Santa Cruz Park Tenerife SL, que desde hace tres meses ha cerrado las piscinas por no poder llevar a cabo las actividades ilegales de ocio nocturno que fueron la principal fuente de ingresos desde hace casi tres lustros.
Campos Medina, que el pasado viernes denunciaba en El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO lo que considera “un monopolio ilegal en suelo público en manos privadas de amigos íntimos de [Miguel] Zerolo y [José Manuel] Bermúdez”, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y vicepresidente del Cabildo de Tenerife, respectivamente, indicó tanto a Radio San Borondón como a este diario que pretende que se tome “alguna medida cautelar de expulsión inmediata” del empresario Luis Gil del Parque Marítimo.
El denunciante del caso que investiga la Fiscalía Anticorrupción culpa al alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo (CC), de haberse tomado el asunto como si la empresa a la que se ha concedido -de manera presuntamente ilegal- el arrendamiento del complejo César Manrique “fuera de Costa de Marfil, aunque en realidad se trata de él mismo” al señalar los vínculos de amistad íntima que tenía el alcalde con el anterior arrendatario, su ex asesor en Urbanismo Jorge Bethencourt, y el actual, Luis Gil, con José Manuel Bermúdez, a la postre candidato a ocupar la Alcaldía en 2011.
La medida solicitada de desahucio administrativo persigue que la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife recupere un espacio dedicado en un principio a piscinas, cerrado por su cuenta y riesgo por Luis Gil al no poder explotar la vertiente de ocio nocturno que se ha venido desarrollando, de manera ilegal, desde 1996 hasta el verano pasado, cuando la actual concejal de Urbanismo, Luz Reverón, decidió el cese de tales actividades ante el escándalo suscitado al conocer la irregularidad de las mismas.
“Es intolerable que a un empresario se le permita cerrar un espacio público, después de insultar y amenazar a los políticos, de no explotar unas piscinas sin pagar sus correspondientes rentas si no se le otorga la licencia de eventos para lo cual no está facultado, y que nadie haga nada en el Ayuntamiento”, ha explicado Felipe Campos, comparando el caso con un hipotético cierre al público del Parque Santa prohibido las mismas al trascender su ilegalidad.
El abogado recuerda que el empresario ha efectuado obras en un espacio arquitectónico obra de César Manrique, sin la autorización de la comisión técnica de la concesionaria, lo cual es ya en sí causa de resolución del contrato. “No paga la renta, cierra el Parque Marítimo a modo de coacción o amenaza si no se le da la licencia. Yo creo que no se puede tolerar, y si los ciudadanos están cabreados yo les recomendaría que fueran a presionar a la Autoridad Portuaria y al señor Zerolo, para que actúen, porque no se puede permitir esta pasividad y esta complicidad”, dijo a Radio San Borondón.
