De un despido improcedente de la FECAM a la destitución como gerente del Instituto de Deportes de Gran Canaria

La gerente del Instituto Insular de Deportes (IID) de Gran Canaria, María del Carmen Santana, será destituida el próximo lunes. El orden del día del Consejo de Gobierno de la corporación insular incluye la propuesta de cese por una “pérdida de confianza” en su gestión por parte del consejero del ramo, el socialista Francisco Castellano.

Según la información publicada este sábado por el periódico Canarias 7, Castellano, que fue quién designó para el cargo a Santana en octubre de 2019, ofrecerá el mismo lunes explicaciones sobre esta decisión, que se produce como consecuencia de unas desavenencias de las que aún no han trascendido las razones. 

La salida de la alto cargo tiene además lugar apenas dos meses después de que el titular del Juzgado de lo Social 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Gumersindo Manso, declarara improcedente el despido de Santana de su anterior trabajo como técnica de los servicios jurídicos de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), cargo que desempeñó las últimas dos décadas.

La actual gerente del IID fue despedida de la FECAM después de que los máximos responsables de este organismo la acusaran de desobediencia, de abuso de confianza y de poner en riesgo de forma grave los intereses económicos de la entidad por, presuntamente, haber sustraído documentos internos antes de su marcha al Cabildo de Gran Canaria a través de una excedencia.

Según consta en esa resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico, Santana ya había sido suspendida de empleo y sueldo durante 14 días en abril de 2019 por una falta de “deslealtad o abuso de confianza” en la gestión encomendada, en concreto por no haber tramitado en plazo un proyecto que se le había ordenado.

Meses después, la FECAM despidió a la alto cargo con una carta en la que le imputaba la sustracción de documentos internos de la entidad, un extremo que habría sido corroborado por dos testigos y por una grabación realizada con la cámara de seguridad instalada en la entrada de la sede de la federación en Las Palmas de Gran Canaria.

Santana demandó al organismo público por esa decisión y el juez le dio en parte la razón, al entender que de la prueba practicada no había quedado acreditado el robo o copia de los documentos “y menos” que hubiera creado daños a los intereses económicos de la empresa“. La FECAM fue condenada a readmitir a la trabajadora o a pagarle una indemnización de 132.552 euros. Según esta resolución, la entidad no acertó a probar cuáles eran los motivos que habrían conducido a la trabajadora despedida a actuar de ese modo, ya que lo único que quedó demostrado es que la técnica ”hizo muchas fotocopias y acudió al trabajo con una maleta“, sin que se haya podido acreditar que en ella guardara esos papeles.