Siete detenidos en una operación contra 'floteros'
La Policía ha detenido este martes a siete personas en Las Palmas de Gran Canaria por un delito contra la Hacienda Pública, en una operación contra empresarios del taxi llevada a cabo por Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda y el Juzgado de Instrucción 8 de la capital, según han confirmado a CANARIAS AHORA desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Tres de las personas detenidas ya han sido puestas en libertad y cuatro de ellos pasarán la noche en calabozos a la espera de quedar a disposición judicial.
Fuentes policiales habían confirmado previamente las detenciones de este operativo judicial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) desde primera hora del día, con precintos y registros de cooperativas de taxistas avanzadas a este diario por fuentes del sector. Perros de la Policía adscritos a la Unidad Canina han llegado a detectar y descubrir 240.000 euros en los registros, más de 140.000 de ellos en poder de uno solo de los imputados.
El Cuerpo Nacional de Policía participó como apoyo logístico, con un centenar de agentes desplegados, en un golpe contra el fraude fiscal de los denominados floteros, propietarios de licencias municipales de taxi que acumulan indebidamente permisos de explotación de este servicio público y contratan ilegalmente a conductores sin seguro social.
Las detenciones de los floteros se produjeron al tiempo de llevarse a cabo varias entradas y registros en al menos dos cooperativas de taxistas de la capital grancanaria, San Cristóbal y Las Palmas, ambas ubicadas en el polígono de Miller Bajo. Las sedes de ambas quedaron precintadas por orden judicial.
La operación judicial, fiscal y policial se produce como consecuencia de una denuncia de 2012 ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra la actuación de los floteros, entre los cuales, según ha podido saber este diario, acumulan licencias de forma desorbitada casi como un monopolio, sin control dese hace años por parte de la administración responsable, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado ahora por el Partido Popular (PP).
Hay casos de floteros que han llegado a acumular hasta 69 licencias en una sola persona, con unos beneficios presuntamente ilegales que superan los dos millones y medio de euros, y que se hacen con los servicios de conductores sin que sean legalizados ante la Seguridad Social, o con la obligación, para poder cobrar las carreras en las que lleven a sus clientes ocasionales, de pagar 50 euros por día al flotero y devolverle el taxi con el tanque de gasolina lleno.
La redada de este martes, según ha podido saber este diario de fuentes del sector afectado, obligó a mantener a los trabajadores de las cooperativas registradas dentro de sus sedes hasta llegado el mediodía, en que pudieron salir de los edificios precintados, después de que Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional se incautaran de abundante documentación en papel y discos duros de los ordenadores de estas cooperativas. Los registros también se produjeron en los domicilios particulares de los detenidos.
Los detenidos responden ante los delitos de fraude fiscal contra la Hacienda Pública, por superar los 120.000 euros la cuantía presuntamente defraudada. Según fuentes judiciales y policiales consultadas por este periódico, habría otra decena de implicados en el caso, pero su burla al fisco español sería inferior a 120.000 euros y por tanto no supondría delito sino falta.
Una serie de “delincuentes”
Varios taxistas han denunciado en diversas ocasiones la falta de regulación del sector, como ocurrió en el Pleno del Ayuntamiento de la capital grancanaria a finales de abril, cuando el portavoz de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlac), Expedito Suárez, acusó a la corporación municipal de ser la responsable “por acción u omisión” de la situación.
Suárez advirtió de la presencia de padres de familia que se encontraban “con la soga al cuello” y aseguró haber recibido amenazas por denunciar públicamente a los que calificó como una serie de “delincuentes” que dividen al sector y “buscan sus propios intereses”.
En el mismo Pleno, Cristo García recordó los 20 años que lleva trabajando como asalariado y denunció que en la actualidad la retribución que perciben los empleados no llega al mínimo interprofesional, llegando a situarse en los 420 euros, cuando las horas trabajadas pueden llegar a superar las 16 diariamente.
