El Pacto CC-PSOE se lava las manos por la gestión de Willy García en RTVC
Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno regional (CC Y PSOE) han decidido hacer borrón y cuenta nueva con la gestión de Willy García al frente de Radiotelevisión Canaria durante los últimos ocho años y, por tanto, no han apoyado la propuesta de Podemos para que el Ejecutivo se persone en el proceso judicial abierto por presunta malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
Y se han negado a ello, en un lavado de manos político, pese a asegurar que, como afirma Podemos, creen que “los ciudadanos deben saber qué ha ocurrido en RTVC” y ambos grupos consideran estar “muy interesados en que todos los hechos se esclarezcan”.
No obstante, el socialista Gustavo Matos ha dicho que el hecho de que “se persone el Gobierno sería un paso atrás en la independencia de la gestión del ente” frente al Ejecutivo, mientras que la nacionalista Socorro Beato ha incidido en que “el 19 de noviembre los letrados de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias decidirán si es menester una doble personación”, ya que es la fecha de la comparecencia en los juzgados fijada tras la personación del Consejo Rector en el proceso judicial abierto contra García y la ex directora financiera, Lourdes Reyes.
Unos argumentos que no han satisfecho al portavoz de la fuerza morada en la Comisión de Gobernación, Francisco Déniz, para quien el Gobierno que preside Fernando Clavijo “debe personarse, porque hay responsabilidades políticas de personas que siguen estando en el Gobierno”.
Las manos limpias
“El Gobierno debe dejar claro y manifiesto ante la sociedad que no tiene nada que esconder, que tiene las manos limpias, que no está ocultando ni amparando a nadie, porque la sociedad está muy defraudada con todo este asunto de la supuesta malversación de fondos públicos”, dijo Déniz.
Para Podemos, de ser ciertos los hechos por los que está siendo investigado García, significaría que “traicionó la confianza que se puso en él, no solo al Gobierno y a los partidos que lo apoyaron, sino que traicionó a toda la sociedad canaria”.
“No nos vale el argumento de que fue nombrado por Paulino Rivero. En esta nueva andadura que se supone de cambio, renovación y transparencia al Gobierno le interesa eliminar rémoras del pasado que están haciendo un daño tremendo a la credibilidad de las instituciones”, concluyó el portavoz de Podemos.
En la misma línea, el conservador Emilio Moreno afirmó que el proceso penal en fase de instrucción abierta puede concluir con una “responsabilidad penal significativa de los anteriores gestores del ente público”, por lo que las noticias que trascienden sobre la investigación “son preocupantes y deberían hacer al Gobierno personarse”.
La portavoz del Grupo Mixto, Melodie Mendoza (ASG), que se abstuvo en la votación de la propuesta de Podemos,afirmó que pese a que la anterior gestión “ha dañado la credibilidad del ente”, no es de recibo “criminalizar” a RTVC, ya que en esta nueva etapa el Consejo Rector está actuando “con la máxima colaboración” tanto con la Justicia como con el Parlamento de Canarias.
Al respecto, la nacionalista Beato ha incidido en que “el ente tiene plena autonomía frente al Gobierno y solo da cuenta al Parlamento”, además de que los nuevos responsables de RTVC están actuando “con absoluta colaboración con el Juzgado de Instrucción”.
“Está fuera de toda duda la lucha de PSOE por cambiar un modelo de gestión de RTVC que daba lugar a fundadas sospechas de intervención del poder político. El nuevo modelo fue impulsado por el PSOE para que prime la independencia del ente. El Consejo rector ya se ha personado y es suficiente hasta el momento, y se dirimirán responsabilidades políticas cuando los hechos estén probados, por respeto a la presunción de inocencia, aunque no parece que la instrucción vaya a ser sobreseída”, remachó el socialista Matos.
Como se recordará, el exdirector de RTVC está imputado por malversación de dinero público, a cuenta de unos contratos suscritos hace ocho años con la productora Amanecer Latino por más de un millón y medio de euros para unos programas que, o no fueron emitidos o lo hicieron en franjas horarias más baratas que el precio 'prime time' abonado.
