'Los 3.600' entran en el Parlamento de Canarias

Componentes de la Mesa del Parlamento de Canarias durante el encuentro mantenido con las asociaciones de la memoria histórica de Tenerife, La Palma y Arucas

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

Aunque “el mar es el gran cementerio de los 3.600 desaparecidos” en Canarias durante el conflicto civil de 1936 y la postguerra, las asociaciones de Memoria Histórica de las distintas islas continúan día tras día excavando en los montes y bajando a las simas y conos volcánicos en busca de los restos de sus familiares.

Unas familias que aseguran que “el tiempo se acaba” y por eso quieren que el Parlamento elabore y apruebe una Ley de la Memoria Histórica para que el Gobierno regional “se haga cargo de la búsqueda exhumación e identificación” de los restos mortales de todas las víctimas tanto de la contienda civil como de los posteriores años.

Así se lo han trasladado a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, las representantes de las asociaciones de Tenerife, La Palma y Arucas, y ésta se ha ofrecido para ser mediadora tanto de un encuentro con los portavoces parlamentarios como con la Federación Canaria de Islas (Fecai), pues “en este problema debe existir una colaboración interadministrativa”.

“Estas mujeres, con su batalla y su lucha, han agitado conciencias y su trabajo ímprobo no tiene precio, así como su coraje y valentía”, ha asegurado Darias.

Hasta que aparezca el último

Para la presidenta de la Cámara, aunque “se ha hecho mucho” desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica estatal, y gracias al trabajo de estas asociaciones, “la tarea no habrá concluido hasta que aparezca el último de los familiares desaparecidos”.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha recordado que “esto no es una guerra entre dos Españas, esa ya acabó, es simplemente encontrar a los que murieron simplemente por defender al legal gobierno republicano”.

En parecidos términos se expresó la presidenta palmera, Aralda Rodríguez, que ha recordado que “todos queremos recuperar a nuestros familiares” pero que el problema no es sólo lo que cuesta “pagar a los arqueólogos y a las personas que van a cavar en Garafía o Fuencaliente”, sino que cada vez quedan menos personas vivas que fueran testigos directos de los sucesos y que saben “dónde fueron enterrados”.

“El dolor ya está asumido, ahora lo que falta es encontrarlos”, remachó la grancanaria Balbina Sosa.

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