Los padres del niño autista sin escolarizar desde hace 7 meses en Gran Canaria piden la mediación del Diputado del Común

Presentan una reclamación para que la institución proteja los derechos del menor

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 (EUROPA PRESS)

Rafael Cabrera y Mónica Rivero, los padres del niño autista de nueve años que lleva siete meses sin escolarizar en Gran Canaria, han presentado una reclamación ante el Diputado del Común, en la que solicitan su mediación en la resolución del conflicto que impide que su hijo Alejandro esté recibiendo la educación que le corresponde.

El conflicto surgió cuando la profesora terapeuta (PT) del CEIP Estrella Barreiro en Tinoca, en el municipio de Arucas, se negó a aplicar el protocolo de actuación con que estos niños deben ser escolarizados, a través de la denominada Agenda Viajera, recuerdan los progenitores en un comunicado.

Dicha agenda es la herramienta básica para que los autistas puedan realizar una correcta comprensión de lo que deben hacer en el colegio, según las pautas marcadas por la propia Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Critican que, pese a ello, y al desconcierto y nerviosismo que estaba causando en el menor la no aplicación de dichas pautas, ni la dirección del mencionado colegio ni la Inspección Educativa mediaron para lograr que la PT trabajara con Alejandro aplicando la Agenda Viajera.

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL MENOR

Igualmente, la Dirección Territorial le negó el acceso a otro centro a pesar de que fueron los padres del menor quienes decidieron sacar a su hijo del colegio por “el trato incorrecto” con que el centro estaba afrontando este caso de autismo, “no sólo al no aplicar las pautas recomendadas, sino no integrando además a Alejandro al hacerlo almorzar solo en el comedor”. Rafael Cabrera y Mónica Rivero han intentado “en vano que se retomará la escolarización del menor”.

Así, tras localizar ellos mismos un colegio alternativo con plaza para acoger a su hijo y la disposición de la dirección a admitirlo, la Dirección Territorial denegó la autorización para que fuera aceptado.

La Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (Actrade) ha apoyado “en todo momento” a los padres de este menor asociado, por entender que “en lugar de resolver el conflicto escolarizando a Alejandro en otro centro educativo”, la Dirección Territorial “ha optado por el gremialismo y ha antepuesto la confrontación con los padres a la defensa de los intereses del menor que tiene la obligación de proteger”.

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