Fiscal y defensa piden la absolución del ex alcalde de Telde por el 'recaudador'
El fiscal pidió este miércoles la absolución del ex alcalde de Telde Francisco Santiago (CC-NC) y del resto de los acusados del caso del Recaudador, así como los abogados de la defensa, que además pidieron iniciar un procedimiento contra el acusador por el “abuso” ejercido sobre la Justicia. El abogado de la acusación insistió en que los hechos expuestos son constitutivos de delito y que están acreditados, por lo que pidió sentencia condenatoria.
La causa, iniciada por el ex recaudador de Telde Prudencio Falcón, quedó este miércoles visto para sentencia tras escuchar el planteamiento de las partes, entre ellas la del fiscal, quien consideró justificada la petición de prescripción de los delitos realizada el pasado martes como cuestión previa. En cualquier caso, sobre el fondo de la cuestión, confirmó que el Ministerio Fiscal no ve indicios de que se hayan cometido los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o falsedad de documentos.
De hecho, explicó, el escrito de la acusación no concreta ninguno de estos delitos, ni qué documentos se falsearon o de qué modo, como tampoco expone cuál es la decisión arbitraria que conduce a la prevaricación -de la que, por otra parte, se acusó a personas sin poder de decisión-, ni que cantidad de fondos se malversaron, su origen o destino, por lo que afirmó que su petición es una “sentencia absolutoria”.
“tremenda mala suerte”
Dado que no se tipifican los delitos en el escrito de la acusación, el abogado Eligio Hernández lo calificó como retórica, falta de respeto a la Justicia y un abuso del proceso penal, por lo que “por primera vez” en su trayectoria pidió que la sala procese al acusador, el ex recaudador Prudencio Falcón, tanto por el abuso ejercido sobre la Justicia como por haber realizado denuncias falsas.
El escrito de la acusación, cuya lectura duró tanto como la segunda jornada del juicio, “es evidente que no fue hecho por un letrado” y vulnera “flagrantemente el derecho a la defensa” recogido en la Constitución, aseveró. Los abogados defensores, además de considerar justificada la prescripción de los delitos, coincidieron en la petición de sentencia absolutoria.
Igualmente, el letrado Ricardo Santana agregó que los acusados ya han sido condenados a 23 años de banquillo y tachó de “tremenda mala suerte” el haber tenido que soportar la lectura de un escrito “tan abigarrado”. Asimismo, insistió en que la querella ha sido un “parapeto” utilizado por el acusador para no hacer frente a la deuda que tiene con el Ayuntamiento, que en el año 1983 superaba los siete millones de pesetas, puesto que mientras la causa siga abierta no tendrá que hacerla efectiva y es independiente de la mora de 877.000 pesetas que pueda tener con él el Ayuntamiento.
El letrado del ex alcalde y de José Manuel Prados, Pedro Limiñana, único que ha permanecido en la causa durante sus 23 años de duración, según subrayó el pasado martes, afirmó ante la jueza que no estaba dispuesto a “perder más el tiempo” y se limitó a pedir la absolución de sus defendidos.
El ex alcalde explicó a la sala que el ex recaudador no cumplía sus obligaciones, que tras varios plazos persistió en su conducta y se le rescindió el contrato con el voto unánime de la Comisión Permanente, formada por diversos partidos, y que la vía judicial siempre ha dado la razón al consistorio. Tras el juicio, manifestó su satisfacción porque al fin se haya celebrado tras dos décadas, aunque aún falta la sentencia, que esperó que sea absolutoria, lo que aseguró no compensará del perjuicio causado en dos décadas.
