Un colectivo de juristas denuncia en la Fiscalía Anticorrupción los gastos “impropios” del PP de Santa Cruz
Justicia y Sociedad ve indicios bien de un delito de malversación de fondos públicos, o bien de falsificación documental
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)
El colectivo de juristas Justicia y Sociedad ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los gastos “impropios” del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre los años 2003 y 2007, dentro de lo que esta asociación denomina “caso Facturas”.
Justicia y Sociedad recuerda en un comunicado que en la última semana se ha conocido el Informe de Fiscalización elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que habla de gastos “impropios y gravemente irregulares” realizados por el grupo municipal popular durante la anterior legislatura, concretamente entre 2003 y 2007.
Este informe, agrega el colectivo, “ha causando alarma social dado que con cargo a la subvención que el Ayuntamiento destina al funcionamiento ordinario del grupo municipal popular, se realizaron gastos tales como bebidas alcohólicas (whisky, ron, tequila y cerveza), ropa y complementos (gemelos por valor de 200 euros, guantes de esquí), tabaco (puros), reformas en albañilería, ropa interior masculina y femenina o alojamiento para tres personas en un hotel de lujo en el sur de la isla con circuito de spa incluido, etcétera”.
Según Justicia y Sociedad, “la alarma social causada y las duras críticas recibidas, hicieron que dirigentes del Partido Popular (PP) en Canarias y Tenerife salieran a la palestra con declaraciones relevantes del secretario general del PP en Canarias, Manuel Fernández, la presidenta del PP en Tenerife y concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el mandato 2003-2007, Cristina Tavío, y el concejal de ese mismo Ayuntamiento en igual periodo Guillermo Díaz Guerra”.
“ILEGALIDAD EVIDENTE”
En esta tesitura, este colectivo de juristas considera que “la ilegalidad de la conducta es evidente, como evidente el descaro con el que han sido reconocidas tales conductas fraudulentas, de forma expresa, pública y directa, por los propios dirigentes del partido implicado, al señalar de forma coincidente que para justificar las cantidades ilegalmente ingresadas en el partido procedentes de la asignación del grupo municipal popular, aportaron facturas personales”.
Justicia y Sociedad aclara que, “en palabras del secretario general del PP, cada uno se metió las manos en los bolsillos y sacó las facturas personales que tenía cada uno y las aportó para cubrir ese dinero”. Es decir, agregan los juristas, “con el ánimo de defraudar se aportaron facturas que no se correspondían con la realidad de los gastos realizados sino con otros de carácter personal, lo que en palabras de Manuel Fernández es un subterfugio.
En el presente caso, según Justicia y Sociedad, “el núcleo de la conducta penalmente relevante reside no en haber ingresado las subvención del grupo municipal en el partido político sino en los medios, formas y modos con que se trató de aparentar fraudulentamente la regularidad en el gasto realizado con la intención de engañar y burlar a los órganos de fiscalización interna del Ayuntamiento”.
POSIBLES DELITOS
Es por ello que, según este colectivo, “los hechos referidos indiciariamente podrían constituir, de entenderse que los gastos justificados eran reales --algo que han desmentido los dirigentes del partido implicado--, podríamos estar hablando de una malversación de caudales del artículo 433 del Código Penal”. Si, por el contrario, “como han reconocido, se presentaron facturas justificativas de gastos distintos de los realmente realizados, podríamos estar ante una infracción del artículo 438 y/o delito de falsificación documental del artículo 390.1 4º del Código Penal”.
Para Justicia y Sociedad las conductas descritas se producen en el contexto de un Ayuntamiento “marbellizado” como el de Santa Cruz de Tenerife con un alcalde y concejales “altamente competitivos a la hora de generar imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo”. En esta coyuntura, este colectivo señala que Santa Cruz de Tenerife es una de las capitales con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción como Las Teresitas, el Forum Filélico, el Mamotreto o el Parque Marítimo, entre otros.
En definitiva, a juicio de Justicia y Sociedad, “no es de extrañar, por tanto, que el alcalde y varios concejales de esta ciudad sean conocidos habituales de la Fiscalía Anticorrupción”.
