Una funcionaria de Industria, denunciada por cinco delitos
La jefa de Sección de Baja Tensión e Instalaciones Eléctricas de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, Aída S., ha sido llamada a declarar en calidad de imputada por cinco delitos que le ha atribuido la propietaria de un complejo turístico al que la funcionaria supuestamente ha perseguido con la intención de dañarle. La empresa la acusa de actuar en venganza por las desavenencias entre la querellante y un arquitecto amigo de la funcionaria.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, ha llamado a declarar en junio a varias personas en relación con esta denuncia, interpuesta en enero pasado por la entidad mercantil Balesa Tours, S.A., que acusa a la funcionaria Aída S. y al arquitecto Rafael G. de la supuesta comisión de cinco delitos: prevaricación, falsificación de documento, relevación de secretos, tráfico de influencias y coacciones.
Según la denuncia que tramita el juzgado y a la que ha tenido acceso este periódico, unas desavenencias de tipo profesional entre Balesa Tours y el arquitecto motivaron que éste interpusiera denuncias contra el complejo turístico Sun Club, de Playa del Águila, ante las consejerías de Turismo e Industria. La empresa había negociado con el arquitecto encargarle un proyecto técnico y de dirección de obra que, finalmente, fue adjudicado a otro profesional.
Rafael G., no obstante, tramitó ante el Colegio de Arquitectos el correspondiente visado para su proyecto, lo que obligó a la Junta Directiva de esa entidad a intervenir e invalidar las pretensiones de ese profesional en favor de otro arquitecto contratado por Balesa Tours.
El denunciante atribuye al arquitecto una relación personal con la funcionaria Aída S., jefa de la Sección de Baja Tensión de la Consejería de Industria, lo que explicaría a su juicio la tramitación de un expediente contra el complejo Sun Club por supuestas anomalías en sus instalaciones eléctricas para poder justificar hasta dos órdenes oficiales de corte de suministro eléctrico en el momento en el que el complejo se encontraba lleno de turistas.
Uno de esos cortes de fluido eléctrico provocaron, a juicio de los denunciantes, unas pérdidas de 250.000 euros al tener que realojar a los clientes en otros establecimientos.
La supuesta persecución se Aída S. al complejo Sun Club tiene varios episodios muy significativos. Todo empieza el 16 de mayo de 2007, cuando se presenta en Playa del Águila un inspector de Industria a bordo del coche particular de un colaborador del arquitecto denunciante de las presuntas irregularidades. De esa inspección se redacta un acta en el que no se reflejan anomalías importantes.
Quizás por eso se ocupa personalmente de la cuestión la jefa de servicio, que gira visita a los apartamentos el 27 de julio de 2007, negándose a entregar copia del acta levantada y a hablar con cualquier representante de la empresa que no reuniera la condición de técnico. “Si no eres técnico, a mí no me hables”, recoge la querella.
El 1 de agosto se produce la primera consecuencia de esa visita: una orden de corte inmediato de suministro eléctrico por “defectos críticos, tales como alumbrado exterior, piscinas, jacuzzis, comedores, salón de actos y baile”. Un informe encargado a un organismo de control autorizado (OCA) desmontó uno por uno los argumentos esgrimidos por Segarra para proponer el corte de luz del complejo.
El 15 de octubre de 2007 es Turismo el departamento que gira visita inspectora al Sun Club, de cuya acta destaca “la subsanación de la mayoría de los defectos críticos, faltando la certificación final del ingeniero titular del proyecto”.
Pero tres días después, el 18 de octubre, Industria ordena a Unelco el corte de suministro eléctrico, que fue repuesto tras un auto de 31 de octubre dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 admitiendo las medidas cautelares formuladas por la empresa afectada.
Aún así, el 13 de diciembre se decreta una nueva orden de corte de suministro eléctrico, que vuelve a ser suspendida por un auto judicial, esta vez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En esa resolución, fechada el 3 de enero de 2008, el TSJC asegura que “los informes periciales aportados por la actora [parte recurrente] revelan que no existe la situación de peligro que ha servido de sustento al acto de cuya suspensión se trata”.
No conforme con esta resolución judicial, la funcionaria remitió a la empresa el 15 de enero una nueva acta de inspección supuestamente realizada el 13 de diciembre de 2007, en la que se dan como “hechos comprobados” que le fue imposible acceder al complejo y que, desde “el exterior se observa cómo la centralización de contadores está en obras”, cuando, según la empresa, esos contadores están en el interior del complejo. Lo que la funcionaria aporta en un reportaje fotográfico que acompaña al acta es una estación transformadora de Unelco, “lo que la querellada debería saber en su condición de ingeniero técnico industrial”, dice la empresa denunciante.
