Garzón pidió investigar el Parque Marítimo de San Andrés

El ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón pidió en su día una comisión rogatoria a las autoridades de Estados Unidos dentro del conocido como caso Lavandera que estudia la estafa y negocios de Fórum Filatélico al sospechar que en la compra de acciones y en la prevista la construcción del puerto deportivo de San Andrés se iba a utilizar como sistema para blanquear dinero. En el caso de Tenerife, el ex juez remitió en el año 2006 un escrito a los juzgados de la isla para que investigaran las inversiones de Fórum como la construcción del muelle y un puerto deportivo en San Andrés y de una urbanización en Valle Tahodio. Durante las indagaciones, el juez encontró documentación en la que se relacionaba al ex alcalde, Miguel Zerolo, y al ex presidente de Puertos, Luis Suárez Trenor, con el supuesto cobro de comisiones ilegales con el fin de facilitar que salieran adelante los proyectos. Cuando este asunto saltó a la actualidad, tanto Zerolo como Suárez Trenor adviriteron con la interposición de querellas de las que nada más se ha vuelto a saber. De Trenor se tiene constancia de que está imputado en la causa penal, junto con otra decena de personas más, mientras que los abogados de Zerolo están personados en la misma pero sin saberse aún exactamente en calidad de qué.

Antes de ser cesado como magistrado de la Audiencia Nacional Garzón emitió un auto por medio del cual mostraba sus sospechas de que parte de la actividad de blanqueo de capitales desarrollada por Fórum Filatélico se ha llevado a cabo mediante complejas operaciones inmobiliarias a través de dos filiales. Una de ellas es Grupo Unido de Proyectos y Operaciones y otra Parque Marítimo SA. “En particular esta última, según todos los indicios, es una sociedad vinculada personalmente” a José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, actualmente en busca y captura. El ex magistrado sospechaba de “haber canalizado cuantiosos fodos procedentes de actividades ilícitas”, a través de estas sociedades que en el caso de Tenerife son la misma ya que según las investigaciones ha sido Grupo Unido el que se comprometió en 2004 a adquirir las acciones de Parque Marítimo SA al empresario que en aquel entonces poseía la totalidad del accionariado, José Ana Labajos.

Pero una parte del capital utilizado en la compra era propiedad de la sociedad norteamericana Dean & Bradley Corp que lo aportó por medio de la sociedad española Coinpel SL. En el año 2004 Grupo Unido adquirió en Madrid a la compañía norteamericana 2.500 participaciones de Coinpel, con lo ésta asumió así su participación en Parque Marítimo SA. La operación se pagó mediante transferencia a Nueva York de manera que entre agosto de 2004 y finales de 2005, Grupo Unido abonó alrededor de cuatro millones de euros, que supuestamente sirvieron para blanquear dinero. Hasta 2007, la cifra se eleva en torno a los 12 millones de euros. Garzón por medio de esta comisión rogatoria pretendía conocer la identificación de las personas y titularidades autorizados para operar en las cuentas que recibieron el dinero, el contrato de apertura de la misma o extractos de movimientos, entre otros extremos.

En el escrito se indica que estas diligencias se han abierto por la posible comisión de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anules y blanqueo de capitales por parte de Fórum. Según las investigaciones desarrolladas por el ex magistrado esta empresa que adquirió a Labajos las acciones del Parque Marítimo en 2004, ha venido desarrollando durante años “una actividad ilegal de captación masiva de fondos del públicos a través de un mecanismo piramidal que ha generado un perjuicio patrimonial cuantificado ya en más de 2.800 millones de euros a cientos de miles de inversores españoles”. Para Garzón quedaban pocas dudas de que estos fondos fueron desviados a cuentas en el extranjero de supuestos proveedores a través de un complejo entramado de sociedades controlado principalmente por Llorca Rodríguez, con doble nacionalidad española y británica. Según Garzón, este ciudadano “es uno de los máximos responsables de la gestión de Fórum Filatélico, aunque no aparece inscrito en el Registro Mercantil como administrador legal de esta sociedad”.