El Gobierno canario convalidó expedientes nulos en 2005 por valor de 56 millones
La Audiencia considera que estos expedientes de nulidad “son excesivos, con un importe y volumen significativos”, y se han debido en muchos casos “a la omisión de trámites esenciales del procedimiento o a la ausencia total del mismo”, según el órgano fiscalizador. Esta es una de las deficiencias de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de 2005 presentada por la Consejería de Economía y Hacienda.
Sin embargo, la cuenta, con carácter general, se ajusta a la legalidad y refleja la imagen fiel la situación económica de las cuentas públicas, indica la Audiencia. Medina destacó que la cuenta general “refleja la imagen fiel” del patrimonio de la comunidad autónoma, de su situación financiera, de su resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto.
Pero entre las excepciones a esa situación, la Audiencia destaca que hubo en 2005 obligaciones contraídas con acreedores por parte de la comunidad autónoma por valor de 8,2 millones de euros “al margen del procedimiento legal establecido”, fijado en la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, los presupuestos generales de 2005 se caracterizaron por una presupuestación deficiente, “amparándose en el carácter ampliable de determinados subconceptos”.
Entre otras cuestiones, los presupuestos autonómicos no recogieron créditos suficientes para hacer frente a cuotas sociales por valor de 7,8 millones de euros ni a remuneraciones de agentes mediadores independientes por otros 18,5 millones. La Audiencia indica que se realiza un uso excesivo de las ampliaciones de crédito sin cobertura y que la comunidad autónoma mantiene saldos en cuentas extrapresupuestarias.
Según la Audiencia, también son correctas con carácter general, pero con excepciones, las cuentas de los organismos autónomos, las del sector público empresarial y las de las fundaciones públicas. La Audiencia detalla que no recibió el control financiero de la Intervención sobre el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ni sobre la Radiotelevisión Canaria, además de que recibió fuera de plazo los informes de la intervención en la Consejería de Agricultura y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
En 2005, no se sometió a auditoría a la sociedad mercantil Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias y no hubo control sobre las fundaciones por parte de la Intervención General. Las cuentas anuales de los organismos autónomos y entes públicos se adaptan a la normativa contable, con excepción de Radiotelevisión Canaria, que rinde sus cuentas conforme al Plan general de Contabilidad Pública de 1983.
Además, el Servicio Canario de Empleo y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural aprobaron sus cuentas fuera de plazo. En cuanto al sector público empresarial, la Audiencia Constata que no se rindieron cuentas de la empresa Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, mientras que en relación a las fundaciones no se integran las cuentas la Fundación Canaria para el Instituto Tricontinental de la democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos.
Sin correcciones
El portavoz del grupo Popular, Jorge Rodríguez, consideró que las deficiencias puestas de manifiesto por la Audiencia de Cuentas son las mismas de años anteriores, por lo que se preguntó si realmente hay intención de corregirlas.
Blas Trujillo, diputado del grupo Socialista, destacó que no hubo control de la Intervención general sobre las fundaciones públicas y consideró que la convalidación de expedientes nulos por valor de 56 millones de euros es algo “significativo y excesivo”. El portavoz de CC, José Miguel González, coincidió con la Audiencia de Cuentas en que no se debe abusar de los créditos ampliables, pero explicó que en muchos casos es muy difícil anticipar a principios de año las obligaciones de pago a las que habrá de hacer frente la Comunidad Autónoma.
