El Gobierno quiere decidir los indultos costeros
El Gobierno de Canarias intenta que la nueva Ley de Costas que actualmente se está tramitando en la Comisión de Medio Ambiente del Senado otorgue a la administración autonómica capacidad de decisión para indultar y salvar de la piqueta a los núcleos costeros que se verían afectados en las Islas por la nueva norma.
Y es que de aprobarse ésta tal como viene redactada desde el Congreso obligaría a la demolición de todos estos núcleos, que en muchos casos son poblados de pescadores surgidos alegalmente hace décadas, por estar incluidos en la zona marítimo terrestre.
Así lo manifestó el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, tras entrevistarse este jueves en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el director general de Costas, Pablo Saavedra, para tratar del asunto.
En la reunión, a la que el consejero de Coalición Canaria acudió acompañado de su homóloga en el Cabildo de Tenerife, la también nacionalista Pino León, los políticos isleños trataron de convencer a los representantes del Gobierno central de la necesidad de que Canarias “vea reflejada sus singularidades” en la nueva Ley, cuyo borrador ya incluye excepciones para Castellón, Malaga, Pontevedra, Huelva, Gerona y Alicante.
Si bien la solución para estas excepciones ha sido en unos casos la concesión administrativa y en otros el establecimiento de excepciones para que la extensión del dominio marítimo terrestre se reduzca, el Gobierno regional apuesta por una vía diferente: el interés histórico o cultural de estos núcleos en función de su carácter “etnográfico, arquitectónico o pintoresco”, que justificaría que en determinados casos pudieran ser salvados de la piqueta.
En este sentido, Berriel y León, quisieron aclarar hoy que “no se trata de salvarlo todo” y que las modificaciones que se proponen en la nueva Ley son compatibles con la intención de regenerar la costa que lo inspiraría, refiréndose en este sentido la consejera tinerfeña al carácter “ejemplarizante” que ya tuvo en el pasado el acuerdo que se adoptó con los vecinos para que abandonaran el poblado de Rojas, en la costa del municipio del Sauzal.
“Lo que ocurre es que hay otros núcleos que forman parte del patrimonio del pueblo canario y de quienes allí habitan desde hace décadas y generaciones”, manifestó Berriel, “y eso es lo que hay que poner en valor”.
La Ley comenzará a ser debatida a puerta cerrada el próximo miércoles 10 en el Senado a puerta cerrada, cuando se reuna su Ponencia de estudio y estudie todas las enmiendas que han presentado los distintos grupos.
La semana siguiente ya será debatida públicamente por la Comisión de Medio Ambiente y el deseo expresado hoy por Berriel es que antes el Partido Popular y Coalición Canaria puedan alcanzar algún acuerdo que modifique el actual texto y dote de dichas facultades al Gobierno de Canarias, pero para eso es esencial que la voluntad de desbloquearlo del ministerio.
“Han estado receptivos, pero nos han dicho que tenían que estudiarlo”, señaló Berriel dando a entender que la decisión no está tomada aún en el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete, “pero si no se da una solución sería una discriminación para Canarias y nos llevaría a la confrontación”.
Servidumbres
En la nueva ley también se pretende abordar el no menor problema de las poblaciones incluidas en las servidumbres marítimo terrestres que se encuentran más allá de los 100 metros de la línea de costa.
Si bien los habitantes de estos nucleos no deben temer que se vayan a demoler sus viviendas, su desarrollo y planeamiento urbanístico futuro y su puede tener más o menos limitaciones según como quede finalmente la ley.
La norma actualmente vigente, de 1988, ha supuesto diversos enfrentamientos en los tribunales entre el Gobierno central y el autonómico, pues desde 1988 la administración autonómica siempre ha querido limitar su desarrollo en los casos en los que con anterioridad no había planes urbanísticos de los municipios
