El Gobierno ha anunciado este jueves que suspende la Conferencia Sectorial que estaba prevista para hoy después de que las comunidades gobernadas por el PP anunciaran que no iban a acudir al encuentro, que iba a tratar la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en centros de Canarias, Ceuta y Melilla.

A la cita han asistido Canarias, Navarra, Catalunya, Castilla-La Mancha, Euskadi y Ceuta, siendo esta última ciudad autónoma la única gobernada por el PP que ha acudido.

El PP ha justificado su plantón al considerar que el Gobierno pretende imponer una acogida “forzosa” e “ilegal” que vulnera el principio de igualdad territorial. Sin embargo, dicha acogida responde a la modificación de la Ley de Extranjería que fue aprobada en marzo en el Congreso de los Diputados con el respaldo de toda la Cámara, excepto el PP y Vox, y partió del propio Gobierno canario, donde el PP gobierna junto a Coalición Canaria.

Sin embargo, poco importa que en Canarias los populares formen parte del Ejecutivo regional y que el presidente del partido en las islas ocupe el cargo de vicepresidente. Manuel Domínguez no ha logrado hasta ahora que su propio partido respalde fuera de las islas la reivindicación más importante del Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en esta legislatura: aliviar la saturación en los centros de acogida de menores migrantes no acompañados.

El Gobierno central había comunicado a las autonomías su plan para reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

Sin embargo, la fuerte oposición del PP hizo que ni siquiera se contase con un orden del día aprobado para la reunión, tras haber sido rechazado por mayoría en la Conferencia Sectorial previa, lo que para los populares convertía en “ilegal” la convocatoria de este jueves.

“Tengo que decir que no soy optimista”, aventuró este miércoles el ministro de Política Territorial y responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres.

Además de los gobiernos del PP, también se opuso al encuentro el de Castilla-La Mancha, que señaló que la cifra planteada es “inasumible” con la financiación con la que va a acompañada.

La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar alrededor de un millar que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional por ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

De acuerdo con estos datos, que aún no tienen en cuenta este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571), mientras que Catalunya y Euskadi no tendrían que acoger a ninguno, puesto que ya han cumplido con su cuota de acogida. Aun así, Catalunya ha anunciado su intención de atender, como mínimo, a 31.

“Son personas a proteger, no paquetes a repartir”, han denunciado desde el PP, que acusa al Gobierno de utilizar a los menores como escudo político con una reunicación diseñado para enfrentar a las comunidades entre sí al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Catalunya y Euskadi, sus socios parlamentarios en el Congreso. Sin embargo, hay que recordar que los criterios han sido discutidos y aprobados en el Congreso de los Diputados y que se intentó pactar con el PP hasta en dos ocasiones, pero los populares abandonaron el diálogo.

La previsión del Gobierno era debatir este jueves también el reparto del fondo de 100 millones de euros que contemplaba el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y crear este mecanismo de derivación.

Según estos datos, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, y después iría Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

Navarra muestra su “indignación profunda” por el “plante” del PP

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha expresado su “indignación profunda” por el “plante” que han protagonizado las comunidades gobernadas por el PP. Maeztu, que ha precisado que la representación de Ceuta, gobernada por el PP, sí que ha asistido a la Conferencia, ha lamentado la actitud del resto de Administraciones del PP, “tras meses, tras años, retrasando y poniendo toda clase de obstáculos para el reparto de los menores”.

La consejera ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que “lo que ocurre en Canarias y lo que ocurre en Ceuta no es un problema de Canarias ni de Ceuta, es un problema de todos, del conjunto de los españoles y ahí se manifiesta la solidaridad”.

Los traslados comenzarán pese al bloqueo del PP

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el Gobierno prevé empezar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios a partir del 28 de agosto a pesar de los intentos de bloqueo de la mayoría de las comunidades del PP.

Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los medios con motivo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que iba a celebrarse este jueves y que finalmente no ha tenido lugar por falta de quorum tras el plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita “ilegal”.

La ministra ha señalado que, pese a esta “performance” del PP, el real decreto ley seguirá adelante y en el próximo Consejo de Ministros del 22 de julio se aprobará el reglamento de desarrollo de este mecanismo.

Y ha precisado que este jueves también iba a aprobarse el reparto de un crédito ordinario de 22 millones para Canarias (8,5), Islas Baleares (2), Ceuta (7) y Melilla (4,5) para 2025 con el fin de ayudar a estos territorios con la acogida de menores.

“No puedo evitar pensar que evidentemente las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado”.