Las instituciones canarias, las más cumplidoras a la hora de rendir cuentas
Las administraciones locales (ayuntamientos y cabildos) de Canarias “son las primeras de España a la hora de rendir sus cuentas en el plazo correspondiente”. Así lo aseguró este jueves el presidente de la comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados (ICJCE) de Cuentas de España, Daniel Faura, quien destacó que el “99% de los consistorios e instituciones insulares de las Islas lo hacen en el plazo”.
Faura, que asiste estos días en el Hotel Bahía del Duque del Sur de Tenerife al XVI Congreso de Auditores de Cuentas, señaló a los periodistas que así como Canarias es la primera comunidad en ese ránking ?según revela el último informe del Tribunal de Cuentas que ha sido publicado a principios de 2007- Madrid es la última, puesto que sólo el 30% de los ayuntamientos cumplen con este cometido.
Asimismo, subrayó que las principales administraciones locales del Archipiélago canario son las únicas de España que practican auditorías operativas ?que hacen referencia a la eficiencia y eficacia-, algo que los países anglosajones aplican normalmente. “En nuestro país las administraciones locales apuestan más por un control previo, es decir de la intervención general, al control posterior: el de la Audiencia de Cuentas”, puntualizó.
Sólo un 25% cumple con el plazo
Daniel Faura resaltó que los datos de Canarias contrastan con los del resto del territorio nacional, donde “existe un gran déficit de rendición de cuentas entre las 12.936 entidades locales, ya que el 25% de ellas no las presentan en el plazo cuando deben hacerlo. Es una asignatura pendiente de los órganos de gobierno y control”, aseveró.
Recordó que la rendición de cuentas consiste en aprobarlas y presentarlas a los órganos de control, por lo que muchas veces se requiere “que éstas sean verificadas y fiscalizadas”, pero eso no ocurre -añadió- “porque las administraciones locales manifiestan que tienen falta de recursos financieros para realizar los controles y contratar los servicios externos de los auditores”.
Faura, que también es experto en las relaciones del sector público con la auditoría privada y que preside la comisión del sector publico (ICJCE), hizo referencia en el acto informativo al volumen de cuota de acción de los auditores en el último año ?desde octubre de 2006 hasta octubre de 2007- quienes han participado en más de cien concursos públicos por valor de 22 millones de euros.
En base a un estudio realizado por la Comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que presentó hoy en el Congreso, precisó que a esos más de cien concursos públicos en los que han participado, se tiene que sumar los importes contratados por el procedimiento negociados (contratos inferiores a 30.000 euros) y los correspondientes a contratos menores (inferiores a 12.000 euros) de los que no existe registro público disponible.
Daniel Faura explicó que los que más contratan los servicios del auditor son los interventores de las comunidades autónomas y de los Ministerios de Trabajo y Agricultura, etc. De hecho, aseguró que “más que para auditoría los auditores se contratan sobre todo para el control de los fondos europeos”.
Corrupción
El presidente de la Comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España aprovechó también la rueda de prensa para dejar claro que “la finalidad de la auditoría no es detectar fraudes sino analizar las cuentas”, aunque si sostuvo que los auditores “pueden reducir las posibilidades de que se cometan esos fraudes, es decir de prevenirlos”.
Por último, anunció que el ICJCE está elaborando un documento sobre el perfil competencial del auditor en el sector público, donde prima más el interés público por lo que no sólo debe analizar el aspecto financiero.
