“Irresponsable”, “gravísimo” e “inadmisible”: la política canaria reacciona contra la maniobra del TC

Canarias no es ajena a la convulsa situación que vive la política y la justicia nacional durante los últimos días debido a la reforma de la Ley del Poder Judicial, su tramitación en el Senado y su suspensión por orden del Tribunal Constitucional tras el recurso de amparo presentado por el PP.

Este martes, el TC ha acordado suspender la tramitación de la reforma con la que el Gobierno quería desbloquear la renovación de parte de sus integrantes que tienen el mandato caducado. La ley había sido aprobada en el Congreso el pasado viernes y ahora pasaba al Senado para su aprobación.

Tras la decisión del TC, la Mesa del Senado ha acordado continuar con la tramitación exprés del Código Penal en lo que se refiere a la rebaja de las penas por sedición y malversación, pero paraliza las disposiciones relativas a los cambios en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Esta decisión ha provocado diferentes reacciones entre los políticos de Canarias. El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha afirmado ha sido un “un día triste para la democracia”. La decisión del Constitucional no “socava” la democracia en España, porque “es fuerte”, pero añade que “tenemos que saber cuidarla”.

“Ningún tribunal debe decir a ningún poder legislativo qué debe legislar y con qué mayorías, porque en la separación de poderes se sustenta una democracia libre”, manifestó Torres.

El presidente se mostró convencido de que la sociedad española “está claramente en la separación de poderes”, incluido el PP, que no apoyaría una acción como la del Tribunal Constitucional si hubiera sido adoptada por una mayoría de magistrados progresista.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha calificado el suceso como “irresponsable” y “gravísima”: “Cuando se pierde la confianza en los poderes del Estado, cuando se atenta contra la separación de los tres poderes que sostienen nuestro sistema constitucional, se quiebra la confianza de la ciudadanía y se quiebra la democracia. Una situación irresponsable y gravísima”.

En la misma línea se ha posicionado Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias: “La separación de poderes es la base de la democracia. Me parece inadmisible y muy grave la intromisión del Tribunal Constitucional, con algunos miembros siendo juez y parte, en la actividad legislativa basada en la soberanía popular”.

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y candidata de Podemos a la Presidencia de Canarias, Noemí Santana, ha afirmado en tono irónico que “la derecha nos dice que eso es más democrático que lo que decidan las Cortes elegidas por el pueblo”.

El presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, ha afirmado que “la democracia siempre se abre paso” y que “esta vez también lo haría”, confiando en que el TC no suspendiera la votación de la reforma en el Senado, algo que finalmente no ha ocurrido.

También, este martes, el Parlamento de Canarias ha vivido momentos de tensión después, de que durante la tramitación de los Presupuestos de la comunidad autónoma, diputados del PP abandonaron el hemiciclo después de que el diputado de Sí Podemos Canarias, Manolo Marrero, arrancara con un discurso en contra la decisión del Tribunal Constitucional.

Asimismo, el senador socialista por la comunidad autónoma, Santiago Pérez, afirmó el pasado lunes que el Partido Popular (PP) “y sobre todo los grupos de influencia minoritarios y poderosos a los que representa políticamente en las grandes decisiones, que no concurren a las elecciones ni rinden cuentas ante nadie”, estén llevando el orden constitucional y el sistema de convivencia al borde del abismo.

Sin embargo, los políticos conservadores más importantes de Canarias no se han pronunciado al respecto. Ni en el PP ni en Ciudadanos han reaccionado hasta el momento a la decisión del Tribunal Constitucional tomada este martes.

Coalición Canaria lo ha hecho ya bien avanzada la mañana. La diputada regional Rosa Dávila ha pedido al PSOE y al PP que vuelvan “a la senda del sentido común”. “Ambos partidos han llegado a una tensión enorme, me gustaría ver al PP reconocer el error del bloquear el Consejo General del Poder Judicial y al PSOE reconocer el error de intentar sacar adelante cuatro reformas legales sin informes preceptivos y por vía de urgencia”, respondió Dávila al ser preguntada por la crisis institucional.

“Que vuelvan a la senda del sentido común, que dejen a los jueces elegir a sus propios órganos y que hagan las reformas legales por las vías que corresponden para que se puedan tramitar con todas las garantías”, propuso.

Tanto el PSOE como el PP “han puesto a la sociedad española en un brete”, así que deben volver “a la senda de la que ninguno de los dos debería haberse separado”, manifestó.

El PP aplaude la decisión del Constitucional

El presidente de los populares en las Islas, Manuel Domínguez, ha aplaudido la decisión del Constitucional y ha afirmado que el estado de Derecho es sólido “y hay quién ha querido embarrarlo”.

“El Tribunal Constitucional le ha dicho al Gobierno que ha ido por un atajo para aprobar una ley”, ha proseguido Domínguez, que ha añadido que ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá aprobar estas reformas por las vías adecuadas.

Ha señalado que aplaude la decisión y ha confiado en que el debate concluya en que “los jueces deberían elegir a los jueces”, aunque no ha comentado nada acerca de que algunos de ellos tengan el mandato caducado.