Luengo: ''No habrá impunidad política con el caso Tebeto''
La diputada del Partido Socialista Canario, Francisca Luengo, niega que se “haya dado carpetazo definitivo” al caso Tebeto que, a su juicio “en absoluto ha terminado”, sino que queda pendiente una segunda parte que es “la que realmente quieren saber los ciudadanos” y que implica que “de impunidad política, nada”.
Tras las afirmaciones del consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano sobre la resolución final de este tema, tras ganar recientemente el caso en el Tribunal Supremo, Luengo aseguró a ACN Press que el Ejecutivo regional tiene, en este momento, tres meses más para responder a su solicitud de revisión de la licencia porque, de lo contrario, el PSOE “seguirá trabajando en el caso Tebeto para evitar ese carpetazo definitivo”, aclaró.
La diputada explicó que el PSOE ha solicitado al Gobierno que quite la licencia al propietario de Canteras Cabo Verde, Rafael Bittini, aunque reconoció que desde el Ejecutivo “no querrán hacerlo porque eso sería investigarse a sí mismos”, además de que tendrían que admitir que en 2004, cuando era consejero Luis Soria y se le dio la licencia a Bittini “se hicieron las cosas mal”.
A su juicio, esta licencia “nunca se debió haber dado porque es ilegal”, por lo que remite al Gobierno a revisar los argumentos presentes en la sentencia firme del Tribunal Supremo, puesto que, en su opinión, “le servirían para retirar la licencia a Bittini”. Sin embargo, añadió que el Ejecutivo “tampoco lo hará porque eso sería responsabilizar a los dos hermanos”, aseguró la diputada socialista.
Francisca Luengo afirma que esta sentencia del Supremo, que revisó otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que la Comunidad Autónoma debía indemnizar con 103 millones de euros a la empresa Canteras Cabo Verde por haberle otorgado una concesión minera en las Montañetas de Tebeto para la extracción de traquita que nunca pudo ser ejecutada, ha dejado claro que “la caducidad de 2003 estaba bien hecha” y por tanto, el Gobierno debería proceder en 2010 como en 1993 “porque tiene base para ello”.
Sin embargo, Luengo cree que el Ejecutivo no actuará así simplemente porque “no quiere hacerlo, porque además de investigarse a sí mismos y admitir la responsabilidad del consejero de entonces, evidenciarían que la actuación del PSOE en 1993 fue la correcta”.
