Manuel Alcaide denuncia la ''deplorable'' respuesta de las administraciones
El Diputado del Común, Manuel Alcaide, informó este viernes en comisión parlamentaria sobre el informe de 2008 elaborado por su institución que preside y lamentó que el trámite que dan las administraciones a sus quejas es, en la mayoría de los casos, con retrasos y en plazo “deplorable”.
La institución que preside Manuel Alcaide recibió el pasado año un total de 2.248 quejas, lo que deja un aumento notable con respecto a 2007. En esta línea, destacó que ha habido un aumento “desmedido en el área de Justicia”, debido -matizó- al incidente de la galería de Los Cochinos que ha motivado unas 500 quejas. Desde esta premisa consideró que es imperativo llevar a cabo una reforma importante del área, anta la “total ineptitud para poder desarrollar todos los procesos que están pendientes”.
Las quejas de los ciudadanos versan principalmente sobre las áreas de sanidad y educación, así como sobre las actividades clasificadas. Respecto a la actitud de las administraciones ante las quejas del Diputado del Común, Alcaide estimó que hay “falta de respuesta, tardan en contestar -lamentó-, es algo que uno no comprende”. El Diputado del Común achacó esta dilación en parte “a la complejidad de las administraciones”. Para salvar estos retrasos, apostó por desarrollar convenios con las corporaciones locales, insulares y regionales.
Además de las quejas, el Diputado del Común ha recibido más de 12.000 consultas. Por otra parte, Alcaide lamentó el desconocimiento de mucha gente sobre lo que es esta institución. “La gente piensa que resuelve los problemas, cuando lo único que hace es sugerir”, explicó. En esta línea, recalcó que “es un mediador, no siempre puede resolver los asuntos como corresponde, lo que hace es entregar su informe al Parlamento que es el que debe tomar medidas”.
El PP no comparte el informe
El parlamentario popular Fernando Figuereo destacó que su grupo parlamentario no comparte gran parte de las afirmaciones que hace Manuel Alcaide en su informe anual, al hablar de un “catastrofismo en el área de Justicia y Sanidad”. Respecto a la saturación de los centros penitenciarios denunciada por el Diputado del Común, el diputado del PP sí estuvo de acuerdo, pero destacó que este problema es competencia del Estado y reconoció que “es muy difícil poner de acuerdo a todas las instituciones implicadas” para resolver las quejas de los ciudadanos.
En cuanto a la Sanidad, Figuereo se preguntó si este servicio “mejoraría si la Consejería tuviera a su disposición 800 o 1.000 millones de euros más”. En esta línea, consideró que no hay bases para decir que la Consejería tiene un síntoma de mala gestión y reprochó al Diputado del Común que también se retrase en el trámite de las quejas.
Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Flora Marrero se refirió a la Ley canaria de Igualdad cuya evaluación también recogerá el informe del Diputado del Común el próximo año. Además, habló de las 993 quejas recogidas por la institución que preside Manuel Alcaide en materia de justicia, de las cuales 960 han sido archivadas y estuvo de acuerdo con que hay que solventar el alto índice de litigiosidad, una solución que corresponde al Ministerio de Justicia, apostilló.
Sobre las quejas ciudadanas por el ruido, se mostró sorprendida porque las denuncias de los ciudadanos al respecto se refieren primero al ruido en los hogares, en segundo lugar al que provocan aviones y helicópteros, en tercer lugar a los servicios públicos y en cuarto lugar el tráfico rodado. Marrero cuestionó además a Alcaide acerca de los resultados del convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y quiso saber también si el diputado del Común, con sus años de experiencia, ha percibido un aumento en la sensibilidad por parte de las administraciones que reciben quejas. Por otra parte, reconoció que es “imposible” aplicar la Ley de Dependencia “sin ficha financiera”.
El diputado socialista Manuel Fajardo Palarea consideró que el poder del Diputado del Común está en la posibilidad de trasladar a la Fiscalía sus quejas y, en particular, se refirió a hechos ocurridos en centros de menores. El parlamentario del PSC-PSOE lamentó que Alcaide se vea obligado a quejarse en su informe de la actitud, en ocasiones “obstruccionista” de las administraciones públicas y subrayó que “para que la institución sea respetada, debe hacerse respetar”. Hizo hincapié en que el Diputado del Común denuncia en su informe de 2008 que la Consejería de Sanidad le remite información “sesgada, errónea o incompleta”.
25 administraciones obstruccionistas
Asimismo, Fajardo subrayó que, también según el informe, 25 administraciones han incumplido el deber de colaborar, al tiempo que ocho son declaradas por Alcaide obstruccionistas. Un síntoma, opinó, de que “se toman al Diputado del Común como un auténtico cachondeo”. En definitiva, a juicio del diputado socialista, el Diputado del Común dibuja en su informe un panorama “aterrador”
En respuesta a los comentarios de los grupos parlamentarios, Alcaide apuntó que la única administración que responde con rapidez a sus quejas es la de Justicia, “el resto es veraderamente deplorable porque no hay manera de que se conteste en el plazo”. Sobre la posibilidad de dar cuenta de los asuntos que trata el Diputado del Común al Ministerio Fiscal, informó de que esta medida sólo se ha llevado a cabo en el País Vasco porque un alcalde se negó a responder. Alcaide alegó que las administraciones son “tan complejas” que es difícil encontrar a una persona que responda, de ahí el interés del Diputado del Común por firmar convenios con las distintas corporaciones.
“El Diputado del Común -recalcó Alcaide- no tiene como función el supervisar a la administración de Justicia”, una área que a su juicio “no puede nunca funcionar porque no hay coordinación”. En esta línea, estimó que para solventar esta situación “hay que apuntar al Estado”.
