Mazotti se acoge a la Ley Concursal ahogada por los casos de corrupción

Paraíso Faycán

Fuentes del sector confirmaron este miércoles a CANARIAS AHORA que la mercantil con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, y delegaciones en Santa Cruz de Tenerife, Madrid y La Coruña presentó el concurso voluntario el pasado 27 de julio ante el Juzgado número 1 de lo Mercantil, como ya hiciera en junio pasado la filial canaria de Grupo Europa, también implicada en casos de corrupción en el municipio de Telde, con su administrador único, José Manuel Antón Marín, al frente.

Tanto Mazotti como Gestión de Cooperativas Europa SAU quedan hasta septiembre pendientes de que el juez de lo mercantil, Miguel Losada Terrón, admita a trámite la solicitud de iniciar el proceso concursal, que en el caso de las empresas del sector tiene a Constructora Yánez como su principal exponente -un auténtico quebradero de cabeza desde 2005 para el Juzgado- del ramo acogido a la Ley de 2003 que ha salvado prácticamente de la quiebra, por ejemplo, a la UD Las Palmas SAD.

Además, las fuentes consultadas aseguran que Mazotti no será la única constructora canaria, ligada a investigaciones en Las Palmas de Gran Canaria y Telde -derivadas del caso Faycán-, San Bartolomé de Tirajana -caso Paraíso- y Mogán -caso Góndola-, que se acoja a la suspensión de pagos por medio del concurso voluntario, ya que tras el paréntesis vacacional en los Juzgados se prevé la presencia de un nuevo concurso para otra constructora relacionada con alguno de estos casos judiciales.

Mazotti SL ha recibido más de 70,5 millones en adjudicaciones públicas en los últimos años, en especial para construcción de viviendas de protección oficial, aunque casi un tercio del total corresponde a la ejecución del Centro Sociosanitario de Santa Cruz de Tenerife, que le adjudicó el Cabildo tinerfeño por 25,1 millones de euros en el año 2004 y cuyo plazo de ejecución concluía un día después de la orden de prisión contra Alejandro Navarro.

Obras públicas pendientes

La mayor parte de las adjudicaciones del Gobierno canario a Mazotti corresponden a los años 2000, 2005 y 2006, y en cuanto a instituciones públicas de Gran Canaria, la constructora, con domicilio social en la calle Domingo J. Navarro del barrio capitalino de Triana, tiene pendientes obras públicas de envergadura al menos en Las Palmas de Gran Canaria y Telde.

En el primero de los casos se trata de adjudicaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la etapa del PP, que afectan a 120 familias en el nuevo barrio de El Polvorín y a otros 225 vecinos por aparcamientos en Casablanca 3. En cuanto a Telde, la obra pendiente es la única que queda por ejecutar en su totalidad, adjudicada por el Cabildo de Gran Canaria, también en la etapa del PP, por más de dos millones de euros, para la reforma del Tanatorio de Las Rubiesas.

El Cabildo tiene también pendiente de Mazotti la remodelación de la Ciudad Deportiva de Gáldar, en San Isidro, con más de cuatro millones de euros de licitación, si bien fuentes de la Corporación insular indicaron este miércoles a CANARIAS AHORA que la obra adjudicada en 2006 está prácticamente terminada, así como el acondicionamiento exterior en diferentes pagos de Valsequillo (Tenteniguada, Las Vegas, La Barrera, San Roque y el casco), por lo que sólo estaría pendiente que los diferentes servicios remitan a la Consejería de Economía y Hacienda las certificaciones de obra.

También en Telde se mantiene vivo el conflicto por el embargo decretado por la juez Nuria Arencibia contra la empresa pública del suelo y de la vivienda que presidía la principal imputada del caso Faycán, María Antonia Torres (PP), que ha dejado sin sus nóminas de julio a los trabajadores de esta sociedad municipal, también ligada a las irregularidades de Gestión de Cooperativas Europa SAU.

En este caso, Mazotti mantiene su reclamación a Urvitel de 780.000 euros y ha dejado a la empresa sin cumplir con sus trabajadores, si bien el concejal de Urbanismo teldense, José Antonio Perera, intenta estos días negociar un acuerdo extrajudicial que permita levantar el embargo de las cuentas de Urvitel -también está en juicio por reclamaciones de casi cuatro millones de euros por parte de GC Europa SAU, con una serie de facturas de dudosa legalidad presentada por la filial canaria de Antón Marín- y abonar 139.000 a sus más de cien empleados.