Mogán desiste de tramitar el PGOU investigado en 'Góndola'
La política urbanística diseñada por el Partido Popular en el municipio de Mogán carece de cualquier atisbo de seguridad jurídica y es un cúmulo de arbitrariedades que vienen a avalar el origen de la investigación judicial contra la corrupción en el marco del caso Góndola.
Así se desprende de un demoledor informe de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, que “sugiere” al grupo de gobierno liderado por el alcalde Francisco González (PP), imputado por siete delitos, entre ellos el cohecho (soborno), desde 2007, que desista de seguir adelante con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio y empiece de cero un nuevo documento normativo urbanístico.
El varapalo del Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Mogán es de tal calibre que Francisco González, sobre el que pesa un presunto delito contra la ordenación del territorio, llevará este viernes al pleno municipal en el cuarto punto del orden del día la solicitud de desistimiento a la tramitación del Plan General, un documento que durante los últimos años, a raíz del estallido del caso Góndola el 23 de enero de 2007, vino a convertirse en una especie de coartada del alcalde para justificar la presunta mala fe del origen de la denuncia.
En el verano de 2006, la denuncia de tres concejales por entonces miembros del grupo de gobierno del PP provocó el inicio de las investigaciones, debido a la desaparición de tres parcelas municipales envueltas en sendos convenios urbanísticos bajo sospecha. En febrero de 2007, el alcalde Francisco González justificó, semanas después de su detención por la Policía Nacional, la limpieza de todo el procedimiento urbanístico en Mogán aparándose en la tramitación en marcha del Plan General de Ordenación.
Ahora, el informe del Gobierno de Canarias pone patas arriba ese PGOU a través del cual, por ejemplo, se justificaba la instalación de una depuradora del empresario Santiago Santana Cazorla en Taurito, a todas luces ilegal según las Normas Subsidiarias vigentes de 1987 -y nulas de pleno derecho al no ser legalizadas hasta enero pasado-, en que estaba contemplada su calificación legal en la Aprobación Inicial de 2006 del Plan General de Ordenación Urbana que este último viernes de mayo pasa a mejor vida.
La Dirección General de Urbanismo, en este demoledor trámite de consulta elevado por el Ayuntamiento de Mogán, incide en el hecho de que la redacción de convenios no debidamente justificados convierten los mismos en documentos arbitrarios sin criterio alguno y sin calificación objetiva de los aprovechamientos urbanísticos a favor de la Corporación y en interés del erario público.
Además, cuestiona abiertamente la “indebida clasificación de ciertos suelos como urbanos o urbanizables”, cuando deben estar protegidos por directivas europeas al ser hábitats naturales, en concreto en áreas de interés económico de la urbanización Anfi del Mar-Patalavaca y en Costa Taurito, propiedad del empresario también imputado en el caso Santiago Santana Cazorla.
En sus conclusiones, el informe del Gobierno de Canarias advierte al Ayuntamiento de Mogán de la “evidente debilidad jurídica del procedimiento hasta ahora tramitado” por la carencia de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento, por lo que sugiere al consistorio presidido por Francisco González, “en aras del principio de seguridad jurídica, iniciar nuevo expediente de tramitación y aprobación del Plan General, debiendo desistir la Corporación municipal del actual expediente 2006/0462”.
