Cuatro multas en dos meses a una denunciante
La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, ha asegurado haber sido objeto de un elevado número de inspecciones por parte de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en los dos últimos meses, por las que ha terminado acumulando cuatro multas, cuyo montante afirma que puede superar los 1.000 euros.
La última “sorpresa” que dice haberse llevado, la recibió a través del titular de la licencia en la que trabaja, que le mostró una notificación proveniente de la Administración capitalina, en la que se le notificaba que el concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, había ordenado la incoación de un expediente sancionador por infringir supuestamente la Ley de Ordenación del Transporte Terreste por Carretera de Canarias.
Dicho expediente sitúa los antecedentes en la noche del 29 de julio a las 22:00 horas en la confluencia de Paseo de Chil y el Barranquillo de Don Zoilo, e incluye una única frase entrecomillada del informe realizado al día siguiente por la Jefatura de la Policía Local en la que se describe que “en la inspección del taxi se puede observar que el mismo se encuentra en un pésimo estado de limpieza, encontrándose colillas de porros y restos de comida en el mismo”.
García rechaza dicha afirmación y reivindica no contar con el informe completo para poder hacer las alegaciones pertinentes. Asimismo, pone en tela de juicio que no se haya mostrado ninguna fotografía que demuestre la presencia de colillas en el vehículo y asegura contar con hasta siete clientes fijos que pueden confirmar que el coche se encontraba en buenas condiciones. “Ese día trasladé a 22 personas y no tuve ninguna queja”, insiste.
Para la presidenta de los asalariados todas las inspecciones forman parte de una persecución contra su persona, por haber denunciado públicamente la situación que sufre el taxi de la capital grancanaria respecto a los denominados 'floteros'. “Al final voy a salir perjudicada por todo esto” apostilla García, que teme que “me van a echar y me van a hundir”.
Al respecto señala que “mi jefe está agobiado”, porque asegura que recibe llamadas a diario “para que me eche”.
García dice encontrarse a la espera de la resolución del juzgado de guardia en el que interpuso una denuncia la misma noche de julio por la susodicha actuación policial, que en su momento definió como un “exhaustivo” registro a grito de “danos la droga que llevas”. Por otro lado, afirma haber pagado otra de las multas y haber recurrido las dos restantes.