El pleno municipal de LPGC refrenda las conclusiones de la investigación del Canódromo

En un pleno acalorado que puso fin al mandato de Jerónimo Saavedra como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, la mayoría municipal saliente refrendó este viernes las conclusiones de la comisión de investigación del llamado caso Canódromo, un expediente de permuta urbanística que supuso para la ciudad un quebranto cercano a los cinco millones de euros.

La llegada el pasado mes de abril de un contundente informe de la Universidad Politécnica de Barcelona refrendando las conclusiones provisionales de la comisión de investigación, constituida por concejales del PSOE y de Compromiso, permitía poner punto final a ese expediente. La coincidiencia entre las conclusiones y el dictamen de expertos fue prácticamente total: existió una sobrevaloración de la parcela del viejo canódromo, lo que condujo al Ayuntamiento a conceder unas permutas superiores a las que correspondían.

Fuentes municipales han resaltado este viernes que por mandato legal había que llevar a pleno las conclusiones de la comisión de investigación para dar así por finalizados sus trabajos en el marco del mandato municipal. Y eso fue lo que se hizo este viernes en el apartado de asuntos de urgencia.

El PP, ganador de las elecciones municipales del pasado domingo, mostró su malestar desde el primer momento a través de su concejal Ángel Sabroso, que reprochaba al alcalde el retraso de veinte minutos con el que comenzó la sesión plenaria. Luego sería el propio Sabroso, pero sobre todo el que fuera concejal de Urbanismo en el mandato 2003-2007, Felipe Afonso El Jaber, quienes recriminaran al grupo de gobierno saliente la gestión del escándalo del canódromo.

Hasta en dos ocasiones, El Jaber llegó a descalificar al alcalde Saavedra llamándolo “escorpión”.

El grupo de gobierno, por boca del concejal Néstor Hernández, defendió su gestión del caso Canódromo y recordó las conclusiones de la comisión de investigación: el “urbanismo fallido” del PP en las etapas en las que fueron alcaldes José Manuel Soria y Josefa Luzardo (1995-2007) ha supuesto graves quebrantos económicos para la ciudad.

En el caso Canódromo, en concreto, tanto las conclusiones de la comisión de investigación como el dictamen del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, determinaron que el Ayuntamiento compensó a los antiguos propietarios de esa pieza de suelo situada en el barrio de Schamann 2,7 veces por encima de su valor real al tomar referencias erróneas. En euros, siempre según ese último informe, el Ayuntamiento debió valorar la finca en 2.515.970,03 euros, pero compensó a la empresa con la que firmó un convenio con permutas por importe de 6.882.258,21.

El futuro alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, que tomará posesión el próximo 11 de junio, fue el concejal de Urbanismo que bajo la alcaldía de José Manuel Soria otorgó ese convenio con la empresa Urbacan, filial de Improcansa.

Las conclusiones y todos los informes del caso Canódromo serán remitidos al juzgado de Instrucción 3 de la capital grancanaria, donde se investigan estos hechos tras una denuncia de los vecinos de la zona. El Tribunal Supremo revisa en estos momentos en casación una sentencia del TSJC que declaró nula la licencia por la que la ex alcaldesa Josefa Luzardo y su concejal de Urbanismo El Jaber permitieron la construcción de dos torres de quince pisos en esa pieza urbana.

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