NC denuncia que la alcaldesa de Mogán “sigue incumpliendo” sentencias al dar complementos salariales ya anulados

Nueva Canarias (NC) ha denunciado que el Ayuntamiento de Mogán “sigue incumpliendo resoluciones judiciales” tras la aprobación de los presupuestos para el próximo año. Se refiere, en concreto, a la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el complemento específico de 18.091,99 euros asignado a un agente de policía “cercano al concejal de Seguridad”, Mencey Navarro.

El proyecto de presupuestos, “lejos de acatar la resolución judicial por la que ya ha sido multada la alcaldesa Onalia Bueno, vuelve a incluir ese importe”, señala NC en un comunicado.

Esa resolución data de marzo de 2021 y anuló la retribución extra que la corporación local había concedido al policía local A.L.M., encargado de elaborar planes de seguridad y de la prevención de riesgos. Cerca de dos años después del fallo, el Ayuntamiento no ha reclamado aún el funcionario el reintegro de ese incremento retributivo. 

NC también señala que en el plan estratégico de subvenciones se vuelve a incluir, al igual que ha ocurrido en todos los presupuestos municipales elaborados y aprobados por el gobierno que dirige Bueno desde 2015, una subvención directa de carácter nominativo a la entidad mercantil Ocean Wave Sports Marketing S.L.U., lo que representa, a juicio de la formación nacionalista, una “clara y flagrante vulneración de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, debido a que se está soslayando el procedimiento de contratación, de forma deliberada, para contratar a dicha entidad para la realización del evento Challenge Mogán”.

La oposición moganera también destaca que a propuesta de gastos para 2023 es de 48,5 millones de euros, lo que supone “una reducción, en relación con el presupuesto definitivo de 2022 de unos 12,2 millones de euros, lo que representa a su vez una minoración de los gastos, en términos porcentuales, de un 20,17%”.

La formación nacionalista entiende que esta reducción, “dada la maltrecha salud financiera de Mogán, derivada de la pésima gestión económica que desarrolla Onalia Bueno, no es realista, pues el estado de ejecución del presupuesto del año 2022 pone de manifiesto un grave incumplimiento en las previsiones realizadas por Ciuca para el año en curso”.

Esta situación aparece reflejada en la auditoria del fondo canario de financiación municipal, que afirma, en relación con la salud financiera de las cuentas públicas, “la variación experimentada por los citados indicadores nos señala un empeoramiento respecto a los obtenidos en el ejercicio anterior […]”.

NC destaca la reducción de 4,8 millones de euros para financiar las políticas de vivienda o la  de 3,4 millones de euros en las políticas medioambientales. También han disminuido las partidas destinadas al fomento de empleo (un 5%), cultura (un 13%), deporte (un 76%) o el apoyo a las pymes y autónomos del municipio. “Todo ello sin contar con una reducción del 100% de las partidas destinadas a la inversión pública”, remarca la formación.

Para NC, estos datos ponen de manifiesto que las cuentas de la alcaldesa “hacen agua por todas partes” y “no contienen ni una sola medida, ni un sólo proyecto destinado a reconstruir la economía ni de las empresas ni de los ciudadanos de Mogán”. “Da la espalda a los empresarios que solicitan bonificaciones del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), reduce las asignaciones para el fomento del empleo, desprecia al sector primario, no adopta ninguna medida dirigida a la mejora del destino turístico y apuesta por la presión fiscal con una subida irreal de precios públicos”, añade.

“El presupuesto para 2023 es el resultado del derroche y la falta de rigor presupuestario en las decisiones que Onalia Bueno ha ido adoptando a lo largo de sus años como alcaldesa, debilitando los servicios públicos y condenando al municipio a un futuro incierto”, concluye.

Errores administrativos

Las cuentas fueron aprobadas por la vía de urgencia tras la desestimación de todas las alegaciones presentadas por sindicatos y oposición. Un escrito presentado por NC advirtió al interventor de que la propuesta de acuerdo contenía un error que podría afectar a su legalidad. En concreto, su portavoz, Isabel Santiago, alertó de que el informe del interventor afirmaba que la formación nacionalista había presentado alegaciones en relación con la celebración de la mesa general de negociación, lo que no era cierto. Tampoco habían sido resueltas en tiempo y forma las alegaciones presentadas por el Partido Popular (PP). Esos errores administrativos obligaron al gobierno municipal a tramitar de urgencia los presupuestos para 2023.