NC acusa al Gobierno de usurpar las competencias municipales de ordenación
Nueva Canarias (NC) acusó este viernes al Gobierno Autónomo de pretender usurpar las competencias municipales en la redacción de los planes de ordenación urbana, en una iniciativa que tachó de “inaceptable”, cuestionando su constitucionalidad.
“En opinión de NC, el Gobierno de Canarias, en vez de optar por la colaboración entre administraciones, que sería lo lógico y apropiado, opta por el camino más corto, que es el de aplicar el rodillo e imponer unilateralmente su voluntad al resto de las administraciones canarias”, se afirma en un comunicado de la organización nacionalista.
Partido que explica que sale al paso del hecho, “del todo inaceptable”, de que el Gobierno, “a través de su consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, haya advertido de que asumirá la redacción de los planes generales de ordenación en aquellos municipios que estén demorados en este asunto”.
Algo que recalca se pretende hacer “valiéndose de la Ley de Medidas Urgentes, de la que NC duda de su constitucionalidad”.
La organización nacionalista insiste en que “recuerda que la competencia de la redacción de los planeamientos municipales e insulares está en manos de los ayuntamientos y de los cabildos, por lo que, de cumplirse esta advertencia, el Gobierno de Canarias estaría invadiendo las competencias de las corporaciones locales”.
“Una intromisión -se añade- que, como denunció NC en su momento, está contemplada en la Ley de Medidas Urgentes, y que fue una de las principales alegaciones que las corporaciones locales e insulares hicieron al borrador de la ley cuando les fue remitida por parte del Gobierno de Canarias, aunque finalmente sus propuestas no fueron tenidas en cuenta”.
NC afirma, además, que “el criterio de los plazos en la redacción de los planeamientos como argumento para esta invasión de competencias es arbitrario”, y apostilla que, “en todo caso, no es el Gobierno de Canarias el mejor ejemplo, puesto que incumplió flagrantemente los plazos de la derogada Ley de Directrices, ocasionando millonarias sentencias desfavorables”.
“En consecuencia, cree que el Gobierno canario debe recapacitar y corregir su actitud, lanzando un mensaje de colaboración con las administraciones locales para la redacción de sus planeamientos, en vez de mostrarse autoritario e intransigente”, finaliza el texto.
