El único nombre propio que aparece escrito en las conclusiones de la comisión especial de investigación sobre el Canódromo es el de José Manuel Soria. A él se le atribuye la responsabilidad política de esta “operación especulativa” en la que “el principal beneficiario fue la empresa intermediaria”, Improcansa, precisamente la misma que está en el origen de la polémica de Lifeblood, la mercantil que ha ganado el polémico concurso de hemodiálisis en octubre pasado.