La oposición aúna críticas al 'decretazo' del Gobierno de Canarias en materia de dependencia

Todos los grupos parlamentarios, salvo CC, criticaron este martes el “decretazo” en materia de dependencia que, a su juicio, provocará un colapso en los ayuntamientos para “maquillar” la gestión de la consejera Cristina Valido, quien los acusó de “querer dar leña en el mismo sitio”.

Las discrepancias en este ámbito se produjeron en el pleno del Parlamento regional con motivo del debate de dos comparecencias solicitadas por PP y PSC sobre el contenido del borrador de decreto para agilizar este procedimiento, y respecto a lo que Cristina Valido indicó que el reconocimiento de la dependencia “es un tortuoso camino”.

La intención de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es hacer “más rápido y ágil” este camino con un borrador de decreto que, reiteró Valido, no se va a aprobar si no hay consenso.

La consejera precisó que se han recibido más de 60 aportaciones, muchas de ellas “enriquecedoras” para ayudar a encontrar un acuerdo porque, insistió, su voluntad no es la de “apuntarme una medalla” y se preguntó qué interés puede tener “en una guerra con profesionales”.

La diputada popular Josefa Luzardo aseveró que “aquí está pasando algo” puesto que en Canarias ha habido 251 altas en el sistema frente a 17.000 en toda España y señaló que el problema es que en las islas “estamos en la cola” por falta de recursos económicos y de personal que no ha solucionado el plan de choque. “Aquí hay gente que fallece antes de recibir la prestación y según el informe del Diputado del Común, hay personas que tardan hasta cinco años. Es indecente”, subrayó la parlamentaria.

Teresa Cruz, del grupo Socialista, relató que no hay registro en el área de dependencia porque está en sedes diferentes y hay seis administrativos de baja en Tenerife, lo que supone que unas mil solicitudes no se han grabado y por ello no se puede continuar con el trámite. Otros mil expedientes están a la espera de subsanar información y 2.000 más deben ser archivados, lo que no se ha podido realizar por este motivo, añadió.

En total hay unos 4.000 expedientes paralizados porque faltan seis administrativos que no se han sustituido, advirtió Cruz, quien dijo que los técnicos deben encargarse del trabajo administrativo y ello conlleva “un derroche de recursos públicos”.

Además se ha perdido información de casi 34.000 expedientes porque la base de datos está “obsoleta”, en el edificio Andrea de la capital tinerfeña no hay suficientes puntos de acceso para la informática y los trabajadores tienen que hacer turnos para usar los ordenadores, al tiempo que en las islas menores hay “carencias espectaculares”, indicó.

Muchos ayuntamientos están molestos con el “decretazo” de la Consejería, continuó Teresa Cruz, quien dijo que el sistema va a colapsar con este texto, que va a ser “un fiasco, un revés y un fracaso”.

“Desconozco quién ha hecho el decreto pero sí el fin, que es el de hacer un traje a medida de su partido político y de usted para ganar tiempo generando un cuello de botella en la fase inicial del proceso”, aseveró la parlamentaria, para quien la diferencia entre la exconsejera Inés Rojas y la actual, Cristina Valido, es “el maquillaje”. Rojas usaba el maquillaje de “aumentar” incorporando personas a la lista de espera y Valido el de “disminuir” al trasladar el problema a los ayuntamientos, sostuvo Teresa Cruz.

Por Podemos la diputada María del Río aludió al descontento generalizado de los trabajadores del sector y el “disgusto” expresado por los Colegios de Trabajo Social de las dos provincias, que han pedido que se retire el decreto porque “tal y como está, no sirve”. 

Luis Campos, de Nueva Canarias, aseguró que “peor no se puede hacer” ya que todo el mundo coincide en que este decreto no es el camino, lo calificó de “chapuza” y señaló que los ayuntamientos, que ya están “hipersaturados” con sus propias competencias, no van a poder evaluar sino a dos o tres personas al día “con suerte”.

La diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza señaló que es el momento oportuno para que la consejera aborde de manera consensuada con todos los sectores el texto para que éste cumpla su objetivo, el de simplificar los trámites para los ciudadanos porque, advirtió, “no podemos continuar de esta forma tan lenta y engorrosa”.