La oposición en Las Palmas de Gran Canaria pide un pleno extraordinario sobre “el colapso” de los servicios sociales

Nuevo cruce de acusaciones en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre el equipo de Gobierno y la oposición. Si en diciembre el enfrentamiento se dio a cuenta de la gestión de la limpieza de la ciudad, en esta ocasión se debe a los servicios sociales.

La concejal del área en el Ayuntamiento, Carmen Luz Vargas, ha defendido este martes la labor de prevención y acción directa que ha llevado a cabo su departamento durante el año 2021, en el que ha atendido a 208 personas en situación de exclusión social a través de los centros habilitados por el Consistorio para “paliar la situación de la ciudadanía más vulnerable” en la ciudad.

En concreto, explicó que 94 personas fueron atendidas en el centro de La Isleta durante 2021, mientras que 86 lo fueron en el recinto de El Lasso y otros 28 en Gánigo, alcanzando el 100% de ocupación en los tres inmuebles.

“Hay que tener en cuenta que, en previsión de los contagios de COVID-19 que se han ido produciendo en la capital, reservamos algunas plazas para garantizar la atención de todas aquellas personas que lo puedan necesitar en situaciones de repunte”, ha afirmado Vargas, que también ha destacado el trabajo diario que realiza el equipo de intervención en calle, desarrollando acciones con las personas que duermen en la vía pública y que requieren de atenciones de diferente naturaleza.

En relación con ello ha indicado que se debe tener en cuenta que entre estas personas “hay un alto porcentaje que tiene problemas de adicción a sustancias, además de haber ciudadanos con problemas relacionados con la salud mental --incluso algunos que presentan ambas situaciones--, lo que hace necesaria una intervención especializada”.

La oposición habla de “descalabro”

Por el contrario, los grupos de la oposición, PP, CC y Cs, se han unido para pedir un pleno extraordinario, que tendrá lugar el próximo 21 de enero, que busque soluciones a lo que consideran un “descalabro” de los Servicios Sociales en la ciudad.

La portavoz popular, Pepa Luzardo, ha explicado que dicho pleno extraordinario abordará lo que ha definido como un “suspenso rotundo” en la gestión del área.

Estará fundamentado en cuatro apartados relativos a la declaración de emergencia social en el municipio, el incremento de la dotación presupuestaria para el área de Servicios Sociales, la puesta en marcha de un portal público con indicadores relacionados con la pobreza y para instar al Gobierno de Canarias a que ponga en marcha la Historia Social Única.

Luzardo ha señalado que los vecinos más vulnerables de la capital grancanaria “tardan hasta cuatro y cinco meses solo para que se les de una cita previa” en los servicios sociales y, en su opinión, el grupo de Gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) invierte más en “propaganda y publicidad” que en atender a estas personas, que tienen problemas “para comer o para pagar el agua y la luz”.

Para la portavoz del PP es “inverosímil” que en un año “plagado de necesidades sociales” a causa de la pandemia “el presupuesto de Servicios Sociales 2021 haya sido ”inferior al de 2020 si se suman al mismo las distintas modificaciones presupuestarias realizadas durante el año“.

La misma idea ha subrayado el portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, que ha denunciado en una nota que el tripartito “ha engañado a la ciudadanía” y aún no ha incorporado trabajadores sociales al área para gestionar la emergencia social.

Además, Candil ha criticado que el grupo de gobierno “ha dado la espalda” a las entidades de reparto de alimentos en una actitud que valora de “intolerable” y que se suma a que la atención para una primera valoración de emergencia social “tiene un tiempo de demora de hasta cinco meses”.

La pandemia ha creado una “crisis social” y un “agravamiento de la situación de quienes vivían en vulnerabilidad” con unos Servicios Sociales “saturados” que “no dan respuesta en tiempo y forma”, ha opinado el edil de CC.

A su juicio, la posición del grupo de Gobierno es “irresponsable y poco comprometida” ya que a pesar de las “reiteradas peticiones” no ha puesto en marcha el incremento de las ayudas y los recursos para “ayudar a paliar los efectos sociales y de la pandemia” en personas y entidades que “solo han conseguido el maltrato de PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias”.

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, se ha sumado a la denuncia y ha reclamado “un trabajo serio de gestión y planificación que incluya un aumento del personal en un área saturada y fundamental ante la crisis existente”.

Cáceres ha criticado la “sobrecarga de trabajo por falta de personal y recursos” que es “una tormenta perfecta” ante la “grave crisis” provocada por la covid-19.

Además de la saturación del servicio, ha señalado las denuncias de las entidades sociales y la “falta de apoyo” de estas, que ha llevado al cierre de diversos locales.

“No es de recibo que se pongan trabas a una labor tan importante en tiempos como los actuales” y es que Las Palmas de Gran Canaria “merece una atención social a la altura y extensible a toda su ciudadanía”, no estar “a la cola a nivel nacional”, con listas de espera de “varios meses”.

Aunque, existen algunas iniciativas “muy positivas” como el bono social del agua, el de transporte o las tarjetas para la compra de alimentos, “es necesario aprovechar el momento y de forma constructiva trabajar conjuntamente para evitar el colapso al que parece dirigirse el área social municipal tras años de desatención”, ha concluido la portavoz de Ciudadanos.