Posibles delitos de CajaCanarias en Unión
En el año 2008 el abogado y empresario lanzaroteño Luis Lleó tenía problemas para conseguir algunas licencias urbanísticas y para comercializar sus promociones inmobiliarias. Construía una zona residencial y comercial en Playa Honda, pretendía construir dos edificios de oficinas en la Vía Medular de Arrecife y promovía una urbanización de mil viviendas en Playa Blanca en un plan parcial que el Cabildo consideraba extinguido. Para despejar los problemas de esa parcela intentó sobornar a Carlos Espino, lo que dio origen a la investigación de la operación Unión y a su detención en mayo de 2009.
Pero esos no eran todos sus problemas. Entre 2005 y 2007 CajaCanarias le había prestado 43,4 millones de euros para sus negocios. Le habían dado el dinero en cinco créditos para tres sociedades: Inversiones Tenderete, La Marina de Naos y Residencial Playa Honda. De esas tres promociones sólo terminó las obras de esta última y con muchas dificultades. En los otros dos casos, en una parcela ni comenzaron las obras y en la otra el edificio quedó a medias. Este también dio lugar a otra pieza separada de Unión sobre tráfico de influencias porque pretendía venderlo al Gobierno de Canarias como edificio de usos múltiples y a la Cámara de Comercio de Lanzarote como su nueva sede.
En 2008 aún debía más de 32 millones al banco y algunos millones más a sus proveedores. Dejó de pagar las cuotas aunque intentó negociar. Propuso a CajaCanarias desvincular algunas fincas de los préstamos hipotecarios y disponer de ellas como dación en pago, pero la iniciativa no prosperó, así que a mediados de ese año dejó de pagar. El banco no le había dado todo el dinero a la firma del préstamo sino que su disponibilidad estaba vinculada al avance de las obras. Si certificaba que la obra avanzaba, recibía el dinero para poder seguir. Sin embargo aunque las obras estaban paradas y dejó de pagar, las cuotas del préstamo se seguían pagando.
Lleó tenía el teléfono pinchado por la Guardia Civil que investigaba el soborno a Espino, y en varias conversaciones que tiene con su abogado Manuel Matamoros, la UCO detecta posibles irregularidades por parte de la entidad bancaria. “Están pagando los préstamos, no les debo un duro”, dice Lleó en una ocasión. La conclusión, reflejada en un informe remitido este año al Juzgado que instruye el caso Unión, una vez analizada la documentación, correos electrónicos y conversaciones, es que CajaCanarias pagaba con el capital de unos créditos las cuotas de otros, sin consentimiento de Lleó. En total, hasta cuatro millones sin certificar en dos de la sociedades, con más de 40 abonos.
El banco hacía esto, supuestamente, para no tener que comunicar la situación al Banco de España, que le hubiera obligado a depositar varios millones para hacer frente a los impagos.
Según el informe de la UCO, este proceder no perjudicaba ni a Lleó ni al banco, que limitaba su nivel de morosidad e impagos, manteniendo saneadas las cuentas de las sociedades de Lleó.“El problema -dice el informe- radica en que el dinero empleado para la obra realmente se destina a pagar las cuotas y no a construir la obra, la cual en el futuro será difícil de concluir al consumir el capital del préstamo destinado a la construcción”.
El banco llevaba a cabo dos operativas: por un lado bloqueaba los préstamos y por otro disponía libremente del capital para pagar el propio préstamo. Estos hechos, según la UCO pueden ser constitutivos de varios delitos por parte de los diferentes jefes de préstamos o riesgos de la entidad, hoy integrada en CaixaBank.
Entre esos delitos estaría el de falsedad documental, por no amparase en las certificaciones de obra para liberar el dinero, pero también apropiación indebida, así como falsedades contables y delitos societarios por falsear las cuentas para mostrar una apariencia de normalidad contable ante terceros .
En el informe, la UCO señala que se desconoce si los jefes de préstamos recibían algún tipo de mandamiento imperativo superior y si, ya que la situación era conocida plenamente por una gran cantidad de empleados en Lanzarote, era una operativa habitual que se hacía con otros empresarios y constructores.
