El PP traslada a Canarias sus adjudicaciones 'a la valenciana'
Lifeblood SL, la empresa beneficiaria de una adjudicación de casi 125 millones de euros de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida hasta hace unas semanas por la popular Mercedes Roldós, tiene un origen común muy relacionado con las prácticas de adjudicación de servicios públicos llevadas a cabo por el gobierno del PP de la Generalitat Valenciana.
Creada el 23 de agosto de 2006 por Ramón Cerdá Sanjuán, formó parte durante al menos dos años, hasta el 28 de agosto de 2008, de un “vivero” de mercantiles durmientes e inactivas, de máxima opacidad, negocio al que se dedica este abogado de Ontinyent que ha visto relacionado su nombre con otras mercantiles implicadas con posterioridad en los casos Gürtel, Fabra, Mercalicante o ITV de la Generalitat.
En 2009, informaciones aparecidas en rotativos nacionales destacaban la presencia constante en adjudicaciones polémicas, e incluso escándalos de corrupción, de empresas que fueron compradas inactivas. Cerdá Sanjuán era el suministrador de estas empresas, a través de una gestoría de nombre Sociedades Urgentes, y en 2009 aseguraba a El País haber vendido “cerca de 8.000 firmas previamente registradas”.
El método valenciano de Cerdá ha sido también utilizado en Canarias en esta última adjudicación del PP antes de salir del Gobierno en octubre, con Lifeblood SL, la mercantil cuyo objeto social inicial fue la promoción y construcción de viviendas y que en mayo pasado, justo cuando se licitó el concurso de Sanidad para la gestión de los servicios de diálisis de los hospitales grancanario y lanzaroteño Doctor Negrín y Doctor José Molina Orosa, cambió su actividad a la de prácticas médicas, como publicó Canarias 7.
La propaganda en Internet del vivero de empresas opacas montadas por Cerdá Sanjuán indica que las sociedades están disponibles en 24 horas, “con confidencialidad de los socios y sin desembolso de capital inmediato”, ya que los 3.006 euros de la sociedad limitada, en el caso de Lifeblood, ya fueron aportados en origen cuando las creó este entramado de sociedades urgentes a la venta, en este caso, en agosto de 2006.
La información de El País recogía en 2009 unas respuestas de Cerdá Sanjuán a unas cuantas preguntas enviadas por el rotativo madrileño al abogado por correo electrónico. El creador de Lifeblood SL aseguraba que, a pesar de que muchas de sus empresas figuraban en sumarios de los casos de corrupción más sonados de Valencia, “en ningún momento he sido citado ni como testigo ni como imputado en estos casos, tampoco podría haber aportado nada nuevo a las investigaciones”.
Lo cierto es que el reguero de empresas creadas por Cerdá Sanjuán y posteriormente vendidas aparecen en casos como Gürtel: Good and Better SL fue una de las mercantiles compradas por Francisco Correa a Cerdá Sanjuán en enero de 2005, y se utilizó por parte de la trama corupta para facturar a la Comunidad de Madrid, tras ser contratada a dedo por el gobierno de Esperanza Aguirre. Sus administradores Isabel Jordán y Francisco Javier Pérez están imputados en la trama, cuyas derivaciones, a través de Orange Market, llegaron a implicar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Otra 'hermana' de Lifeblood, comprada por Ricardo Costa para la esposa de Fabra
En la información de El País también se recoge que otra de las empresas opacas al estilo de Lifeblood SL fue Artemis 2000, cuyas socias eran las esposas del presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y del empresario Vicente Vilar, quien fue el detonante del caso Fabra al denunciar que pagó comisiones a cambio de gestiones para la legalización de herbicidas y otros productos fitosanitarios.
Según Vilar, fue el portavoz del PP, Ricardo Costa, que es socio de una asesoría en Castellón, quien realizó las gestiones con el notario de Valencia Carlos Pascual para la compra de esta empresa en 2000. Artemis 2000 forma parte del entramado de sociedades investigadas en las diligencias abiertas a Fabra por presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Pero, además, era una de las empresas beneficiadas por las autorizaciones para la fabricación de fitosanitarios obtenidas con documentación falsificada, caso por el que la fiscalía ha pedido dos años de cárcel para Fabra.
Además, el rotativo madrileño apuntaba en 2009 también a otra empresa marca de la casa Cerdá Sanjuán: el escándalo de la empresa pública Mercalicante está pendiente de que la juez instructora decida abrir procedimiento abreviado y, como consecuencia, que la investigación desemboque en un juicio donde se diriman las responsabilidades de un desfalco de seis millones de euros. El principal imputado, además de dos concejales alicantinos del PP, es el ex gerente de la sociedad, José Emilio Clavero, a quien el consejo de Mercalicante destituyó en julio de 2002 por irregularidades entre las que figuraba haber domiciliado en la misma sede social de la empresa pública una firma denominada Ekonos Group 2000.
Se trata de una sociedad dormida que Clavero compró a Ramón Cerdá en mayo de 2001. Unos meses antes, había adquirido por el mismo procedimiento la empresa denominada La Luenga Inversiones SL, que Clavero habría usado para esconder su patrimonio, entre el que figuraba un lujoso ático en la avenida Diagonal de Barcelona.
Tanto valen para una ITV como para geriátricos
En cuanto al proceso de concesiones para la gestión de las plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por parte de la Generalitat, durante el gobierno de Eduardo Zaplana, registró a finales de los años noventa uno de los despliegues más llamativos de empresas compradas para la ocasión. La sociedad Aseguramiento Técnico de Calidad, SA (Atecsa), sin la más mínima experiencia en el sector, se convirtió en la principal concesionaria de ITV valenciana, al obtener las estaciones de Gandia, Xàtiva, Alzira, Ontinyent, Ondara, Alcoi y dos instalaciones móviles de revisión de automóviles.
Atecsa estaba integrada por una auténtica maraña de sociedades hasta entonces inactivas encabezadas por Crespinell, SL, una empresa que compró el secretario del Ayuntamiento de Carlet, Juan Ramón Ferris Tortajada, como todas las otras, en la gestoría de Ramón Cerdá. Eran Vicebel, SL; Migral, SL; Civilena, SL; Alutacea, SL; Simétric Gestión, SL, o Neletass, SL. Junto a este grupo encabezado por Crespinell, formaba parte de Atecsa la firma Tempero 9000, SL, vinculada al ex directivo de recursos humanos del Sepiva Gregorio Martínez Tolosa y adquirida en el mismo “vivero” de empresas que las otras. Tras esa firma se escondía un empresario del sector del automóvil cuyo concurso era incompatible.
La operación, con el tiempo, resultó muy fructífera. En 2005, Atecsa que había pagado 8,17 millones de euros por la concesión, fue vendida a los fondos de capital riesgo Dinamia Capital Privado y Nmás1 por 14,2 millones, con lo que sus propietarios obtuvieron unas plusvalía del 65%. Más tarde, en febrero de 2009, el grupo Ahorro Corporación, vinculado a las principales cajas de ahorros, compró la concesionaria por 27,8 millones de euros. En el momento de su venta en 2005, Atecsa estaba presidida por el presidente de Ruralcaja, Luis Juares Argente.
El negocio geriátrico en Valencia, según esa misma información, también tiene su origen en empresas opacas como la adjudicataria del servicio de diálisis del Gobierno de Canarias en los hospitales de Gran Canaria y Lanzarote, y figuran los mismos nombres implicados en el negocio de las revisión técnica de automóviles, e incluso mediante las mismas empresas, que lograron adjudicaciones en otro campo de negocio radicalmente diferente: las residencias de la tercera edad.
Del programa de 9.000 plazas geriátricas que lanzó en 2001 el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Neletass, SL y el grupo zaragozano Gabinete Técnico de Trabajo Social, SA, consiguió cerca de 500 plazas, correspondientes a los centros de Benidorm, Dénia, Elche y Xàtiva. Juan Ramón Ferris Tortajada, -de antiguas vinculaciones políticas con Blasco, que ambos desmienten-, Gregorio Martínez Tolosa y Luis Juares Argente, a través de sus empresas Tempero 9000, Crespinell, Neletass y Civilena, reconvirtieron posteriormente la UTE en la firma Siete Treinta, SL, también procedente de la gestoría de empresas opacas, para acabar vendiendo su lote de residencias a la constructora andaluza Grupo Portival.
