Programas 'piratas' y presunto cobro ilegal de plusvalías
Agentes de la Guardia Civil procedieron a mediodía de este miércoles a detener a seis empleados y registrar en Telde la sede de la empresa Colaboración Tributaria SL, que presta servicios de apoyo a los departamentos municipales de Recaudación de los ayuntamientos grancanarios de Telde, Agüimes e Ingenio.
Los efectivos del instituto armado se desplazaron hasta el barrio teldense de Arnao, donde la mercantil colaboradora con los municipios del sureste grancanario tiene su sede principal. Testigos presenciales confirmaron a CANARIAS AHORA que los agentes se incautaron de ordenadores, en una operación que no tendría vinculación con la gestión directa del área de Recaudación del Ayuntamiento.
La operación de la Benemérita no tiene tampoco relación con el caso Calero desatado el martes por la Policía Nacional, por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, que ha llevado a la detención de cinco personas, según han informado a CANARIAS AHORA fuentes oficiales de la Guardia Civil.
Según informa la agencia EFE, los seis trabajadores han sido detenidos por un presunto delito contra la propiedad intelectual por el uso indebido de programas informáticos. En este sentido, según la misma agencia, los detenidos empleaban en su trabajo de recaudación programas informáticos para los que no contaban con la preceptiva licencia ya que el software era, supuestamente, pirata.
Por su parte, la agencia de noticias ACN apunta a que el caso investigado se trata de un supuesto cobro irregular de plusvalías denunciado por dos ciudadanos particulares.
Cobro irregulares de plusvalías
Según fuentes próximas a los hechos, se trata de un caso denunciado a finales del pasado año 2008 ante la Fiscalía Anticorrupción por Gonzalo Cáceres y Sergio Quesada.
En su escrito de denuncia, plantean que las empresas a las que se adjudicó el servicio de Recaudación, Colaboración Tributaria SL y Coordinadora de Gestión de Ingresos SA, estaban cobrando de manera irregular a los ciudadanos unas plusvalías del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos. En concreto, apuntan a la comisión de un presunto delito de prevaricación.
Tras una larga investigación de seis meses, la Fiscalía Provincial de Las Palmas, a la que dio traslado el expediente la Fiscalía Anticorrupción, publicó un informe en el que se recogía “la imposición de unos importes muy superiores a los que corresponden en la ordenanza fiscal, traduciéndose en unas liquidaciones que excedían de forma palmaria y flagrante de las que correspondería de acuerdo a las normas tributarias”.
Asimismo, según el fiscal, estas empresas calculaban el valor “sin enviar la documentación a la oficina catastral, aplicando por sí misma el valor de una zona próxima” o mediante unos índices que en puridad no le correspondían. Este informe se trasladó a la autoridad judicial que ahora ha ordenado el registro.
En una nota de prensa posterior, la empresa Colaboracíón Tributaria atribuyó esas supuestas irregularidades a un “error” en la liquidación de 76 plusvalías sin notificación previa y salió en defensa de la profesionalidad de su personal.
