El derecho a la palabra

En el norte de Perú, en comunidades de la región de Piura, históricamente se ha arrastrado una condena silenciosa: la sospecha de que nacer mujer es una suerte de pecado original. Bajo esa lógica impuesta, las mujeres no deben estudiar, no deben liderar, no deben levantar la mano ni proponer. La sumisión, la dependencia económica y la reclusión en las tareas de cuidados han sido las rejas invisibles que nos han mantenido al margen de nuestros propios derechos. En estas tierras, la violencia de género, el feminicidio, la maternidad infantil forzada por violaciones y la exclusión política se normalizan con una naturalidad que estremece.

El silencio no es casual; es una herramienta de control, esto trae a mi mente testimonios de mujeres valientes, como María, de 50 años “Yo no debía escuchar la radio”, “Mi marido me decía que allí se aprendían cosas malas. Cuando no le obedecía, venían los golpes e insultos”.

Juana, otra mujer de la zona, narra una escena similar: “Un día estábamos en una reunión del caserío hablando de la fiesta patronal. Levanté la mano porque tenía una idea. No pude ni pronunciar la primera palabra; mi marido me dio una cachetada delante de toda la gente”.

Estas agresiones no eran solo físicas; eran censuras estructurales. Una mordaza social para que el machismo y el patriarcado sigan operando en la sombra.

Frente a este panorama, desde Cutivalú, un medio de comunicación social con un firme enfoque de género y derechos, entendimos que el diagnóstico no era suficiente. No bastaba con informar sobre la desigualdad; había que producir la igualdad en el territorio. Y la única forma de hacerlo era devolviendo a las mujeres la herramienta más humana y revolucionaria: la palabra.

Nuestra estrategia no es pasiva. En conjunto con instituciones del territorio como la Municipalidad, el Centro Emergencia Mujer, su prefectura, entre otras, identificamos a mujeres lideresas en sus comunidades y les ayudamos a formarse en sus derechos, autovaloración y autoconcepto. Así nacen las redes de mujeres organizadas a nivel distrital.

Aquí, la comunicación comunitaria no es un concepto abstracto; es pura acción de enseñanza-aprendizaje. El método es tan sencillo como transformador: hablar, opinar, disentir y testimoniar, considerando un primer paso, más íntimo que les permita hablar frente al espejo y reconocer su propia voz. Un segundo paso, ya más colectivo, que da oportunidad para ensayar la palabra con una compañera o en la familia; y, un tercer paso, como el destino final frente al público, es decir, alzar la voz en la red de mujeres distrital, hasta convertirse en voceras oficiales de sus distritos y del país.

Para mí, la comunicación comunitaria no es un canal que transmite la transformación; es la transformación en sí misma. No es lo mismo que alguien hable por estas mujeres a que ellas mismas ocupen el micrófono. Cuando una mujer toma la palabra, quiebra el pacto patriarcal del silencio. Hoy, 300 mujeres organizadas en 12 redes están transformando sus vidas, sus familias y destinos de sus comunidades.

La comunicación es la llave para la justicia social. En las redes, se han apropiado de un lema que resume esta sororidad de base: “La que puede, puede; y a la que no puede, la empujamos, porque ella también puede”.

Hacer que las mujeres expresen sus heridas, sus deseos y propuestas de desarrollo a través de las ondas radiales, de plataformas alternativas o de las redes sociales digitales, es el camino más rápido para devolverles la dignidad. Es la prueba irrefutable de que sus voces son indispensables para el progreso de la sociedad y la igualdad.

Ser mujer en el Perú ya no debe ser sinónimo de castigo ni sumisión. Nuestra autonomía y empoderamiento político, económico y social son los cimientos para transformar los territorios. Ser parte y testigo de la transformación de tantas mujeres piuranas es un privilegio que me inspira a seguir.

Sin embargo, el esfuerzo comunitario no basta. Este proceso de democratización de la palabra y de prevención de las violencias debe convertirse en políticas públicas de obligado cumplimiento. Exigimos que el Estado asuma su responsabilidad. Queremos, simplemente, vivir libres, con voz propia y sin miedo.