El promotor de Hoya Pozuelo niega haber ocultado información
El promotor de la urbanización residencial de Hoya Pozuelo (Telde), Jaime Cortezo, sobre la que existe una orden de demolición de 27 dúplex, completa o parcial, por invadir suelo costero, negó este lunes haber ocultado información a los vecinos ante el delito de estafa que se le imputa.
Cortezo, tras declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de la capital grancanaria, manifestó que “siempre ha estado abierta la puerta de su despacho” y consideró “equivocada” la nueva estrategia adoptada por algunos vecinos que han presentado una denuncia contra él y otras cinco personas.
Aseguró que desde que se inició en 2000 el expediente contra la urbanización, por su posible ocupación de suelo marítimo terrestre, se les ha facilitado información “completa”, tanto de las sentencias que se han emitido favorables como de las desfavorables, e insistió en la colaboración habida hasta que cambiaron de estrategia.
El promotor expresó su confianza en que se pueda evitar el derribo, pero manifestó que para ello “hace falta voluntad política”.
Confió en que se tarde en proceder a su demolición y defendió la legalidad de las construcciones, pues afirmó que se hicieron con las licencias y permisos pertinentes y favorables, tanto por parte del Ayuntamiento de Telde como del Gobierno autónomo, a través de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, pese a que ahora ha ordenado su derribo.
Recordó también que el expediente se comunicó después de la construcción de todas la viviendas, 60, cuando el 100% de ellas estaba vendido mediante contrato privado.
Cortezo aseguró que intentará por todos los medios que no se proceda al derribo de las casas, porque “es un drama para las familias” que las habitan, hasta que se resuelva sobre quién recae la responsabilidad de lo ocurrido, que a su juicio es del Gobierno Autónomo y del Ayuntamiento, que reiteró que emitieron informes favorables para su construcción.
Informó de que existen tres recursos pendientes de resolución sobre el caso y anunció que iniciarán una nueva vía para exigir la suspensión cautelar de la demolición hasta que se resuelvan las acciones judiciales iniciadas, que además confió en que les sean favorables.
La fecha previsible de demolición de las viviendas, 13 de las cuales se derruirán de forma completa, se ha señalado para el próximo día 27 de marzo por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, recordaron fuentes de la Consejería.
