El PSC no descarta una denuncia a Rafael Bittini
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez, avanzó que una de las posibilidades para mantener el caso Tebeto en la vía penal sea la de denunciar “la estafa procesal en grado de tentativa, o de frustración,al igual que sucede con otras figuras delictivas”, como puede ser el homicidio, de Rafael Bittini, toda vez “parece claro que ha habido un elaborado empeño de utilizar el engaño a un tribunal, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), para conseguir una indemnización de 101 millones de euros”.
“Aunque la estafa no se produzca, lo que sí es cierto es que el estafador ha intentado llevarla a cabo y, en el caso de que al final no se pague la indemnización, esa estafa se hubiera frustrado. Pero la figura delictiva persiste”, afirmó.
Esta es una de las posibilidades que puede poner en marcha el PSC tras el “pormenorizado análisis” que Pérez ha hecho del decreto de la Fiscalía que archivó su denuncia por el caso Tebeto, aunque adelantó que otra de las vías que se puede usar es la de demostrar la falsedad del informe pericial que presentó Cabo Verde y que fue la base para fijar la cuantiosa indemnización, toda vez que la propia Fiscalía afirma que no de puede considerar un documento oficial.
“No puede ser que ninguno de los actores que han intervenido en este proceso contra el interés general pueda ser investigado, pues parece que la ley es más ley frente a unos infractores que frente a otros”, insistió.
De esta forma, Pérez anunció que el PSC no está dispuesto a apoyar la “absolutamente desacertada estrategia suicida que ha dejado indefenso el interés general de la Comunidad Autónoma”, tal y como sugirió el portavoz de CC, José Miguel Barragán, tras conocerse que la Fiscalía había archivado la denuncia.
Además, insistió en que “no vamos a abandonar ni la más mínima posibilidad de abrir la vía penal” del caso Tebeto, “que es lo que el Gobierno no se atreve a hacer porque una parte de él está implicada a fondo” en la estrategia que ha desembocado “en los 101 millones de euros de indemnización”.
“Paulino Rivero depende de José Manuel Soria para haber sido elegido presidente y poder continuar siéndolo”, afirmó Pérez.
Por último, y frente al fracaso con el que desde el Gobierno y los grupos que lo apoyan definen en archivo por parte de la Fiscalía, el portavoz socialista ha recordado que el decreto “salpica de críticas al TSJC”, considera “difícilmente comprensible que el Gobierno no solicitara un informe pericial alternativo” y, por último, resalta que las normas subsidiarias de La Oliva impedían desde 1990 la actividad minera en Tebeto, “algo que se dijo en el informe del Consejo Consultivo que el Ejecutivo no incorporó en sus alegaciones y que echa por tierra la teoría de Cabo Verde de que se evitó conceder la licencia hasta que se aprobara el Plan de Ordenación de Fuerteventura”, puesto que la empresa la solicitó muchos años después.
Para Pérez, está “claro” que si el TSJC “hubiera podido ver ese hecho en el expediente” no podría haberle dado la razón al empresario.
