El PSOE denuncia los ''insultos'' del PP a jueces, fiscales y policías tras la 'operación Góndola'
El portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, reprochó este martes al presidente del Partido Popular (PP) en las Islas, José Manuel Soria, que “insulte” al ministro de Justicia y candidato a la Presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, a los jueces y a la Policía, al acusarles de “prevaricación” por la operación Góndola.
Tras la detención del alcalde popular del municipio grancanario de Mogán, Francisco González, que calificó como la “enésima” de cargos del PP por supuesta corrupción López Garrido emplazó a Soria López a plantearse “por qué se están produciendo detenciones” de cargos conseervadores “una y otra vez”, le recordó que no es el PSOE quien ordena las detenciones sino los jueces independientes, y dejó claro que hay que lanzar un mensaje de “tolerancia cero” respecto a la corrupción urbanística.
Por otro lado, Diego López Garrido consideró que si el líder del PP presentara una moción de censura contra el Gobierno sería “tan esperpéntica” como la que en 1987 presentó el entonces dirigente de AP, Antonio Hernández Mancha, y sólo demostraría la “ausencia absoluta de alternativa” popular. El portavoz en la Cámara Baja insistió en reprochar a Mariano Rajoy su falta de reacción ante el “serial” de detenciones de alcaldes y concejales del PP por presuntos casos de corrupción urbanística, que demuestran que el dirigente de este partido tiene un “problema grave”trata de “intentar desviar la atención con ese amago de presentación de moción de censura”.
“Precipitar a Canarias en el barranco del tercermundismo político más abominable”
Por su parte, el diputado del PSC en el Parlamento autonómico Santiago Pérez acusó a José Manuel Soria, y al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en representación de Coalición Canaria (CC), Miguel Zerolo, de “echar un pulso” al Estado de Derecho y aseguró que ambos “quieren precipitar a Canarias en el barranco del tercermundismo político más abominable”.
A su juicio, tanto Soria “como su entrañable amigo Zerolo” están “pidiendo a gritos” que en el Archipiélago se deroguen los principios básicos del Estado de Derecho y están reclamando “patente de corso”. Santiago Pérez aseguró que ambos dirigentes quieren que haya unas leyes para aplicárselas al conjunto de los ciudadanos y otras “escritas en blanco para ellos”.
Añadió que Soria y Zerolo “están jugando con fuego” al intentar poner en entredicho con acusaciones explícitas la independencia de los tribunales y del ministerio fiscal, a los que presenta meramente como instrumentos de un partido político y del Gobierno. Este tipo de declaraciones “son en sí mismas delictivas y deberían ser perseguidas de oficio por el ministerio fiscal”, añadió el parlamentario socialista, quien consideró que suponen “un traspaso intolerable de las reglas de juego del sistema democrático”.
En su opinión, José Manuel Soria debería preguntarse y explicar por qué dos ex concejales del PP abandonaron el gobierno municipal de Mogán por diferencias con la política urbanística del alcalde, Francisco González. Estos dos ex ediles fueron los que denunciaron las presuntas irregularidades que motivaron las diligencias judiciales y policiales que este martes se ejecutaron, añadió Pérez.
Preguntado por si considera que Soria debería dimitir como presidente del PP canario, el diputado socialista dijo que resulta difícil prever cómo actuará, porque el partido “quiere imponer dos varas de medir: una de legalidad para los demás y otra para ellos que les garantice permanentemente la impunidad”. Reiteró que lo que hacen Soria y Zerolo son declaraciones delictivas y corresponde perseguirlas en primera línea al Ministerio Fiscal, que tiene la obligación fundamental de velar por la legalidad y la defensa de la independencia de los tribunales.
Dimisión inmediata de Soria
Mientras, el PSC en Gran Canaria exigió la dimisión inmediata de José Manuel Soria tras la detención del alcalde y el resto de miembros de la corporación del Ayuntamiento de Mogán. “Al margen de las responsabilidades judiciales denunciadas por personas del PP en Mogán y por las cuales se marcharon, ¿qué hizo Soria cuando se enteró de ello?, ¿hizo lo mismo que en Telde cuando permitió que se eligiese al alcalde con votos de personas imputadas?”, afirmó José Miguel Pérez, secretario general insular.
Según el responsable socialista, existen “una serie de miembros del PP que están cayendo en la porquería de la corrupción hacia la que se sienten atraídas como moscas por la basura; aunque la gran mayoría de los integrantes del partido no sean así”. En su opinión, “Soria tenía que haber dimitido en el momento en el que permitió viajar a Noruega de manos del empresario ya fallecido Björn Lyng en el momento en el que se estaba tramitando un importante expediente para el municipio de Mogán”.
Pérez considera que la mayoría de la gente es “limpia”, pero “el comportamiento de quien dirige su partido facilita que muchos no tengan reparo en hacer lo que están haciendo y necesitan una importante regeneración”. El discurso del dirigente del PP, explica Pérez, “trata de confundir a sus adeptos cuando denuncia la labor de Juan Fernando López Aguilar, y esta es la prueba de nuevo de la mentira que lleva Soria en la punta de la nariz”.
“Falta de ética”
Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, pidió hoy desvincular la corrupción de la disputa entre partidos, ya que considera que tiene que ver sólo con “la falta de ética” de algunos dirigentes políticos. Saavedra se siente “avergonzado” por aquellos que insisten en ver una especie de caza de brujas en la labor de la Justicia.
“En los Ayuntamientos no pasa nada, es un problema de ética personal”. Así de firme se mostró el candidato socialista preguntado durante la mañana de este martes por la última detención de un dirigente político por un presunto delito de corrupción urbanística: “Falla el cargo público que carece de ética o es una ética muy laxa, a veces fuerzan a los técnicos a firmar informes que pueden acabar en los tribunales”.
Para Saavedra, el problema de la corrupción urbanística “es un problema de formación humana que les lleva a traspasar los límites de la legalidad”, y que no tiene que ver, a su modo de entender, con el debate que considera demasiado amplias las competencias de las corporaciones locales en materia urbanística. “Hay un sistema equilibrado de competencias urbanísticas porque si no iríamos a una macroestructura a nivel económico que harían interminables las esperas de inversores, particulares que quieren construirse su casa, que se verían agobiados si no existiese una distribución competencial como la que existe y que creo que es adecuada”, comentó al respecto, recordando que “la última palabra la tiene el Gobierno de Canarias, pero evidentemente no hay sistema que garantice que no haya corrupción en un nivel”.
